PGJ capitalina favorece a esposa de López Dóriga, denuncia abogado

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La inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, acusó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina de actuar con parcialidad en el caso de la denuncia por extorsión contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga.

De acuerdo con el abogado de Aramburuzabala, Javier Coello Zuarth, el hecho real es que la dependencia no quiere investigar el caso, dado que no ha querido desahogar pruebas y se ha negado a interrogar a 39 condóminos del edificio donde vive Pérez Romo, incluido López Dóriga, una omisión que un juez federal ordenó reparar a través de una sentencia de amparo.

“El punto aquí importante que debemos de resaltar es la parcialidad con que se maneja la Procuraduría respecto al asunto. Si el fondo del mismo es que se desahoguen ciertas pruebas, a las cuales nosotros tenemos derecho a que sean desahogadas en la etapa de la averiguación previa, ¿por qué no lo hace?”, señaló Coello.

Añadió: “¿Por qué ellos insisten en darle ‘carpetazo’ o determinar (la averiguación) con una inactividad de desahogo de probanzas y en una indagatoria donde solamente se desahogaron cinco o seis pruebas que nosotros mismos ofrecimos?”.

Según el abogado, el interrogatorio a los condóminos es una diligencia clave, porque aclararía si el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba actuó por cuenta propia o a nombre de los condóminos al pedir los 5 millones de dólares a Abilia, a cambio de que el gobierno capitalino no suspendiera la obra en Rubén Darío 225, informó el diario Reforma.

“No agotan la investigación respecto a si el abogado pidió estos 5 millones de dólares a nombre de los condóminos o los pidió a nombre propio, y cómo es posible que después de días la gente del Gobierno de la Ciudad de México haya presentado el juicio de lesividad contra Abilia, que fue la amenaza precisamente que dio el abogado hacia nosotros cuando pidió los 5 millones de dólares”, insistió el abogado de Aramburuzabala.

Luego de sostener que es necesario indagar “todo”, Coello dijo no entender por qué la PGJ no quiere investigar y desahogar las probanzas y se ha convertido en una batalla, a través de los amparos, respecto de un punto muy importante: el desahogo de ciertas pruebas.

No obstante, el abogado confía en que la dependencia capitalina reconsidere la postura que ha mantenido hasta ahora y que resuelva el recurso de inconformidad que presentó contra el no ejercicio de la acción penal, con apego a la legalidad.

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