Corte Penal Internacional tiene elementos para juzgar a EPN, Chong, Cienfuegos y Karam: catedrático UNAM

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La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una historia que aún está lejos de terminar. Incluso con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó con las investigaciones del caso por más de un año, no se cierra el expediente, sino que se abren nuevas líneas de investigación para conocer la verdad; así como senderos jurídicos para que altos funcionarios del gobierno federal sean procesados ante la Corte Penal Internacional.

Cabe recordar que México es parte del Estatuto de Roma y firmó la creación de la Corte Penal Internacional desde el 28 de octubre de 2005, lo cual, le obliga a reconocer la competencia de este tribunal para juzgar crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad, guerra y desaparición forzada como es el caso de Ayotzinapa.

En este sentido expertos en derecho penal internacional como Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseguran que los padres de los normalistas desaparecidos tienen todos los elementos a su favor para llevar a juicio ante la Corte Penal Internacional a Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano de colaboradores en el ámbito judicial.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO el abogado Raúl Jiménez detalló que “en una primera instancia se podría llevar a la Corte Penal Internacional a todos los servidores públicos que participaron de manera activa, es decir los policías de Cocula y Huitzuco que se los llevaron o al Ejército que no defendió a los alumnos que estaban siendo atacados. Pero también está el delito de responsabilidad por cadena de mando, es decir, que si esas conductas graves fueron producto de la omisión de los altos funcionarios ellos también podrían ser juzgados en la corte penal por omisión”.

Tomás Zerón debe salir para no entorpecer investigación de Ayotzinapa

Como se dio a conocer en diversos medios de comunicación el pasado 28 de abril, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga al personal que supuestamente sembró pruebas del caso Ayotzinapa durante las diligencias periciales del 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, las cuales encabezó Tomás Zerón de Lucio en calidad de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sin embargo para el especialista en derecho Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM esto no sería suficiente. En su opinión, Tomás Zerón debería, por mínimo, ser separado del cargo mientras se realiza la indagatoria.

“No podemos esperar una renuncia de Tomás Zerón, eso es un acto voluntario y él no lo hará, pero lo que sí se puede hacer es suspenderlo temporalmente para facilitar el ejercicio de las funciones de control interno que son responsabilidad de la Visitaduría General de la PGR. De hecho hasta donde tengo entendido varios partidos políticos han solicitado la separación de su cargo”.

 

Estado obligado a ofrecer disculpas

Aunque el abogado Raúl Jiménez Vázquez está convencido de que la Corte Penal Internacional tiene elementos para juzgar en un futuro cercano a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores en materia de seguridad como son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y Jesús Murillo Karam, el ex procurador de la República y autor de la “verdad histórica” también considera fundamental que el Estado ofrezca a todas las víctimas del caso Ayotzinapa una disculpa pública y la reparación del daño.

“Tanto las víctimas directas que son los 43 normalistas de Ayotzinapa, como las indirectas que son los padres de familia, que tenaz y valientemente han persistido en la necesidad de que fluya la verdad y haya justicia, deben recibir por parte del Estado una disculpa pública por el maltrato al que los han sometido, así como la reparación integral de las violaciones a sus derechos humanos”, enfatizó Jiménez Vázquez.

 

Gobierno mexicano evade llegar a conclusiones

Para el obispo de Saltillo, Coahuila quien ha sido postulado al Premio Nobel de la Paz, Raúl Vera, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa tiene como fondo enviar un mensaje para toda la nación, de impunidad y sobre todo crear el horror entre la población para evitar que tome la iniciativa en la exigencia de sus derechos al gobierno federal.

El prelado declaró a Revolución TRESPUNTOCERO que la salida del GIEI, únicas personas con la calidad ética y moral de supervisar al gobierno mexicano en la investigación, deriva de la falta de compromiso que tiene el Estado mexicano con la verdad.

“El gobierno mexicano no quiere llegar a una conclusión ¿por qué? por la colusión que tiene con el crimen organizado y la manera en que el gobierno va tratando los casos de ofensas y daño a la ciudadanía y los va administrando. Está administrando el terror y el horror para el control de la población”.

Finalmente Raúl Vera señaló que ante la salida del GIEI la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de tomar el papel de garante en la investigación sobre Ayotzinapa ya que México tiene compromisos firmados con esta institución y debe honrarlos.

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