La mano de Videgaray para favorecer a Televisa y TV Azteca en Multiprogramación

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La polémica generada por el presunto “regalazo” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las dos televisoras dominantes en el país (Televisa y TV Azteca) nos conduce a un personaje que prácticamente gobierna todas las áreas del país y fue clave en la negociación con los consorcios mediáticos para aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Luis Videgaray.

El secretario de Hacienda no estuvo al margen de la discusión al interior del IFT para determinar que en materia de multiprogramación el duopolio que domina el 95 por ciento del espectro televisivo no tendrán que pagar contraprestación, a pesar de que las arcas públicas del país necesitarán recursos en pleno recorte presupuestal.

El artículo 15 de la ley conocida como Ley Peña Televisa establece que es facultad del IFT “fijar tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas, previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

La intervención de Hacienda se ratifica también en el artículo 99 de la misma ley: “Todas las contraprestaciones a las que se refiere esta ley requerirán previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días naturales. Transcurridos este plazo sin que se emita dicha opinión, el Instituto continuará los trámites correspondientes”.

En el caso de la multiprogramación, el artículo 158 establece que el IFT otorgará la autorización a los concesionarios que lo soliciten “incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones” debidas bajo cinco criterios: el número de canales y la calidad técnica; límites al agente económico preponderante (Televisa); lineamientos para el pago de contraprestación; en ningún caso, servirán para televisión o audio restringidos.

En otras palabras, la misma ley le da atribuciones a la Secretaría de Hacienda para que intervenga. En su comunicado oficial de la semana pasada, el IFT no menciona para nada a Hacienda, pero incorpora un argumento que el mismo Luis Videgaray mencionó, en privado, con algunos concesionarios: el cobro desincentivaría “el uso más eficiente del espectro radioeléctrico”.

¿Por qué Videgaray no utiliza ese mismo argumento en otros sectores de la economía dependientes de una concesión de un bien público que se quejan por la excesiva carga fiscal y de contraprestaciones cuando hacen un nuevo uso adicional?

La Larga Mano de Hacienda y Televisa en IFT

Desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, fue muy claro que el secretario de Hacienda encabezó las negociaciones tanto con los abogados de Televisa y TV Azteca (Javier Tejado Dondé y Pedro Padilla) como con los legisladores del Senado.

Múltiples testimonios reiteraron que fue Videgaray el artífice también de la llamada “cláusula Cablecom” que benefició ampliamente a Televisa, y que fue negociada directamente con Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio televisivo.

Por si fuera poco, el actual comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, tiene actualmente como coordinador de asesores al mismo personaje que trabajó con el ex comisionado de la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous, flamante vicepresidente jurídico de Televisa.

¿Así o más coincidencias en este entramado de grupos de interés y de presión que siempre intentan capturar a los órganos reguladores?

TV Azteca prefirió litigar públicamente sus intereses a través de desplegados pagados en varios periódicos de circulación nacional, el pasado viernes 13 de febrero.

Según su desplegado, ellos pagaron “el equivalente a 650 millones de dólares por las concesiones y frecuencias con las que opera. Este pago se realizó por el uso pleno de las frecuencias, lo que incluye la multiprogramación”.

¿De dónde concluyen los señores de TV Azteca que el pago por la licitación de Imevisión incluía la multiprogramación cuando en 1993 ni existía la tecnología necesaria para la multiplexación?

“La transición a la televisión digital nos abre la posibilidad de enviar señales múltiples en un mismo canal de transmisión. En todo el mundo se utiliza esta tecnología para la transmisión de contenidos adicionales y espejo de los canales base”, agregó TV Azteca en su desplegado firmado por Luis Güijosa García-Colín.

Que la multiprogramación se utiliza en todo el mundo tienen razón, pero en la mayoría de países avanzados se paga una contraprestación y derechos. Incluso, en países como Gran Bretaña se paga una contraprestación en función de los ingresos que se generan por comercialización anual de los canales digitales, además del pago por el uso de derechos del espectro. En Hong Kong también sucede lo mismo y en otros países europeos se establece el pago.

Por supuesto, en los demás países no tienen un secretario de Hacienda tan generoso con las televisoras –que no con todos los sectores económicos- como en el México de Luis Videgaray.

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Desvía SEP 311 mdp en sólo 4 contratos

En 2013, la SEP gastó de manera irregular 311 millones de pesos en sólo cuatro contratos para digitalizar y ordenar documentos.

Tres de estos contratos fueron adjudicados de manera directa a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y el otro, al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la dependencia incurrió en simulación de actos administrativos y de documentos, además de incumplimiento en los servicios contratados, sobreprecios y pagos de servicios sin utilidad.

Las anomalías están detalladas en los resultados de la auditoría 244, realizada por la ASF en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2013 y que próximamente se entregará a la Cámara de Diputados.

Una auditoría forense es aquella que permite descubrir información contable, financiera y administrativa sobre fraudes y otros delitos llevados a cabo durante el ejercicio de funciones públicas y privadas.

Se identificaron tres contratos por adjudicación directa a la UAEM, operados por su Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica Fondict, y uno con el INAP.

Ni el Fondict ni el INAP contaban con la capacidad técnica, material ni humana para la ejecución de los proyectos, por lo que tuvieron que subcontratar el 90 por ciento de los servicios prestados, y algunas de estas empresas subcontrataron a otras para realizar los trabajos.

En un proyecto por 193 millones para indexar archivos a la base de datos del Registro Nacional de Profesiones, el Fondict subcontrató a las empresas el mismo día en que se le adjudicó el contrato.

En otro por 58 mdp para poner en marcha el Sistema Integral de Archivística y Digitalización de Documentos del Acervo Histórico, los servicios se realizaron dos meses antes de la contratación de los mismos y concluyeron tres meses después de la fecha pactada.

Buscan un amparo para que el SAT verifique la información fiscal de Angélica Rivera

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Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondiera que “no le compete determinar la veracidad de la información patrimonial presentada porAngélica Rivera“, el abogado Luis Pérez de Acha presentó este lunes 16 de febrero una demanda de amparo en contra de la resolución de esa dependencia.

Pérez de Acha sostiene que el SAT “es la única dependencia que cuenta con facultades legales para resolver la petición (…) En particular, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del SAT”. De acuerdo con el abogado, con base en ese código y ley, el SAT tiene las siguientes atribuciones:

  • Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales.
  • Allegarse de la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.
  • Administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal.

Asimismo, el abogado constitucionalista afirma que “el SAT tiene la obligación de dar satisfacción plena al derecho de petición ejercido el 15 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en este caso es inaplicable protección, reserva o secrecía alguna de la información fiscal de la Sra. Rivera Hurtado, pues ella misma la hizo pública en su página de internet”.

En la demanda presentada este lunes ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tres autoridades son señaladas como ‘responsables’: el jefe del SAT, el administrador General de Servicios al Contribuyente, la administradora Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos.

La solicitud de amparo ocurre luego de que el SAT se calificara incompetente para atender una solicitud del abogado Luis Pérez de Acha y el director de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, Darío Ramírez, quienes el 15 de diciembre pasado entregaron un documento en el SAT, dirigido a su titular, Aristóteles Núñez, para “que confirme si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos del 2010 hecha pública por la señora Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, es verdadera”.

Esta solicitud fue presentada a raíz de la controversia causada por una mansión ubicada en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, propiedad de Rivera, que fue adquirida a una contratista propiedad de Grupo Higa, que participó (junto con un consorcio chino) en la primera licitación del tren rápido México-Querétaro.

Al presentar la solicitud para que el SAT indagara, Perez de Acha dijo que ante “indicios de que se cometieron delitos”, el SAT es la institución a quien puede “verificar si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo a su declaración, recibió la señora Angélica Rivera; también, si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública, son verdaderos”, explica el documento entregado”.

Mientras Mancera se atiende su “corazoncito” en clínica privada, los 31 hospitales del DF se caen a pedazos

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Desde que el represor Miguel Ángel Mancera Espinosa tomó el cargo como empleado de Peña Nieto al frente del Gobierno del Distrito Federal (GDF), se ha visto muy “espléndido” con los empresarios que se están apropiando de la ciudad. En julio pasado regaló un terreno de más de 4 mil 200 metros cuadrados a Grupo Danhos, para que construyera un estacionamiento con aforo de unos mil vehículos anexo al centro comercial “Parque Delta”. Cabe mencionar que durante el desarrollo de esas obras, la constructora ocultó y destruyó hallazgos arqueológicos.

Previamente, el 26 de junio de 2014, el GDF había “donado” 150 MILLONES DE PESOS del erario capitalino para “remodelar y ampliar” el museo conocido como “Papalote, Museo del Niño”. ¿Qué tiene de particular este donativo? Que dicho museo es propiedad del criminal Grupo Bimbo. En su momento, organizaciones civiles denunciaron esta insultante entrega de recursos públicos para una empresa privada mientras a la Secretaría de Cultura del D.F. le recortan cada vez más el presupuesto.

Éstos son sólo un par de ejemplos de la intensa labor altruista de Miguel Ángel Mancera para con los oligarcas “necesitados”. A la par de erigirse como el brazo represor de Peña Nieto en la capital del país, Mancera se ha caracterizado por ser el benefactor más importante de constructoras, vivienderas, operadoras de parquímetros, industriales saqueadores de agua en todos los sectores, y, claro, los proveedores trasnacionales de la desastrosa “Línea 12″, beneficiados con esa obra del Metro que se perfila como la estafa más grande en la historia del Distrito Federal.

¿Y las escuelas? ¿Las áreas públicas? ¿Los hospitales? Esos no importan. Al contrario, que se caigan a pedazos lo más rápido posible para justificar su privatización.

Un reportaje del diario La Jornada balconeó el día de ayer las pésimas condiciones en que se encuentran los 31 hospitales del Sistema de Salud del GDF, pese a que desde 2013 la dependencia ha contado con un presupuesto superior a los 30 mil millones de pesos. En ocho años desde que Armando Ahued Ortega asumió la titularidad de esa secretaría, prácticamente no ha hecho NADA para mejorar los nosocomios.

Entre los rezagos detectados, el diario cita poco o nulo mantenimiento tanto a las instalaciones –algunas de las cuales tienen en promedio más de cinco décadas de antigüedad– como al equipo; falta de personal e insumos frente una creciente demanda de servicio, que asciende a más de 4 millones de pacientes.

En tanto, la nula transparencia y pobre rendición de cuentas del “gobierno” de Mancera dificulta rastrear el destino final de los recursos de la secretaría –el bolsillo de quién o quiénes–, que además recibe apoyos federales provenientes del Seguro Popular.

Durante un recorrido por diversos hospitales capitalinos, La Jornada reportó quejas relativas principalmente a la falta de mantenimiento en las instalaciones, que presentan goteras cuando llueve e inlcuso inundaciones en algunas áreas. Los servicios de urgencias en todos los casos parecen zona de guerra, con pacientes graves que, a decir de los médicos, han llegado a pasar más de 24 horas en una camilla a falta de camas. También destacan los reclamos por carencia de medicamentos.

El personal consultado denunció que cuando alguna “autoridad” los visita, trabajadores externos llegan a pintar y lavar los pisos, y hasta aparecen “por arte de magia” cobijas y sábanas nuevas. Pero cuando los “funcionarios” dan la media vuelta, el hospital regresa a la cruda realidad de enfrentar a la muerte sin camillas, equipo o medicamentos tan básicos como los que se requieren para estabilizar a un diabético.

En el mismo sentido, comentaron que durante época electoral se realizan algunas obras que en realidad son sólo “cambios cosméticos” y “remiendos” inútiles a las fachadas de los inmuebles. Es el caso del Hospital General Xoco, construido hace 53 años, que por fuera parece que se ha modernizado pero en su interior hay mobiliario que data de la época de su fundación, se pueden ver baños y áreas de sépticos (donde se guardan los cómodos) sin puertas, así como aparatos descompuestos por doquier. Los doctores denuncian que apenas cuentan con el material “elemental para operar”.

Otros casos mencionados por La Jornada, como el Hospital General Enrique Cabrera o el Materno-Infantil Milpa Alta, reportan goteras e inundaciones frecuentes. El Belisario Domínguez, inaugurado en 2005, presenta una fuga de agua desde hace más de dos años por un aparto descompuesto; también carece de insumos suficientes y los doctores tiene que comprar sus propios baumanómetros.

En las mismas condiciones trabajan los médicos del Hospital General Ajusco Medio, el Rubén Leñero e incluso los nosocomios de reciente creación, que disponen de equipo moderno pero insuficiente para atender la alta demanda.

En noviembre pasado, el pobrecito Miguel Ángel Mancera tuvo que ser sometido de emergencia a una cirugía de corazón abierto, por un problema de arritmia cardíaca. ¿Se atendió en alguno de los hospitales arriba mencionados? Por supuesto que no. El “gobernante de izquierda” llegó corriendo al Centro Médico ABC, un costoso hospital privado ubicado en la delegación Álvaro Obregón para los ricachones de la ciudad. Ahí salvó la vida con atención médica de primera –todo pagado por los capitalinos– y hasta su patrón priista Osorio Chong envió médicos militares para asegurarse que “todo saliera muy bien”.

¿Por qué Mancera no acudió al Hospital General de Xoco o al Rubén Leñero? Porque es títere del usurpador Peña Nieto, NO TARUGO.

Pemex suspenderá grandes obras por caída de los precios del petróleo

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El Gobierno anunció en enero una recorte al gasto presupuestado para el 2015 por 124,300 millones de pesos (unos 8,290 millones de dólares), de los cuales 62,000 millones corresponden a la petrolera, ante la drástica caída de los precios del petróleo y el complicado panorama internacional.

Pemex dijo en un comunicado que su Consejo de Administración aprobó el viernes el plan de ajuste que supone una disminución del 11.5 por ciento respecto a los recursos que se habían aprobado, sin necesidad de incurrir en mayor deuda.

Así, la empresa dijo que la poda busca tener el menor efecto sobre la producción de crudo y gas, la restitución de reservas, los suministros de petrolíferos al mercado nacional, y en la competitividad futura para la apertura del sector, de cara a la reforma energética promulgada en 2014.

Pemex estableció una meta de producción promedio de crudo de 2.4 millones de barriles por día (bpd) para 2015, similar a los 2.43 bpd de 2014.

La firma advirtió el lunes que el ajuste es de tal magnitud que se está difiriendo la ejecución de obras que incluyen “reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios (Ultra Bajo Azufre)”.

La petrolera cuenta con seis refinerías -con capacidad para procesar 1.5 millones de barriles por día-, de las cuales tres tenían previstos planes de reconfiguración para hacerlas más productivas.

Pemex también dijo que convocará a los contratistas para renegociar sus contratos pero no precisó montos ni dio más detalles, y que hará esfuerzos para recortar gasto corriente -incluyendo recursos humanos y servicios personales- para reducir el impacto en los proyectos deinversión productiva.

La mezcla mexicana de exportación cotizó en promedio a 86 dólares por barril en 2014, llegando a estar por encima de los 100 dólares. Actualmente ronda los 49 dólares, pero tocó un mínimo de 37 dólares en enero.

Para la formulación del presupuesto de Pemex se tomó como referencia un precio de la mezcla de exportación de 79 dólares por barril y un gasto programable de 540,000 millones de pesos.