Peña Nieto, atrapado y sin salida

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Enrique Peña Nieto ha quedado atrapado. Atrapado, entrampado y sin salida. Por más esfuerzos que han hecho él y su gabinete de seguridad por superar la crisis de Estado provocada por los crímenes de lesa humanidad de Iguala, no han podido. Al ex gobernador mexiquense le quedó grande la presidencia de la República. Y el tan publicitadomomento mexicano se le fue al carajo: el país está empantanado. La credibilidad del régimen, con su estela de corrupción, intercambios de favores, opacidades y escándalos varios, está por el piso y se ha multiplicado la indignación popular. Nadie le cree al gobierno. Y lo peor es que Peña no entiende que no entiende, y tal vez por eso está tan cansado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Murillo, por cierto, político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, ha recurrido a todas las argucias, supercherías y malas artes del pasado −tratándose de una tragedia (Peña Nieto dixit) que combina la aplicación de la tortura, la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de seis personas más−, y echado mano de los propagandistas de Estado en los medios para tratar de dar carpetazo al caso. Vamos, hasta fabricó unaverdad jurídica con pruebas científicas, y una verdad histórica.

En realidad, Murillo y el policía Tomás Zerón fueron construyendo y perfeccionando el caso poco a poco, casi sin salirse del guión inicial.

En una gran maniobra de simulación judicial y jurídica, desde un comienzo actuaron con base en una sola y exclusiva hipótesis destinada a tratar de exculpar al Estado mexicano de la comisión de crímenes contra la humanidad, misma que remite a un grupo de la economía criminal (identificado como Guerreros Unidos) como presunto perpetrador de los hechos delictivos de Iguala.

Con tozudez autoritaria, ambos funcionarios se negaron a abrir otras líneas de investigación, en particular, pese a numerosos indicios, la que involucra a otros actores claves que integran la cadena de mando de la estructura de seguridad del Estado a nivel federal, y que en elestado de Guerrero incluye territorialmente al Ejército (en particular al27 batallón de infantería), la Marina, la Policía Federal, la inteligencia militar y civil (Cisen), las Brigadas de Operaciones Mixtas (BOM) y a agentes de la PGR y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, que monitorearon lo ocurrido en tiempo real.

Centrados en ese único objetivo: exonerar al Estado mexicano de toda responsabilidad, los sabuesos del procurador, la Marina y el Ejército capturaron, apremiaron, torturaron y confesaron culpables, encontraron elmóvil, un “ modus operandi” y hasta una lógica causal. Incluso confeccionaron un video con la narrativa a cargo de un locutor profesional y apuntadores para obtener y grabar algunas declaraciones autoinculpatorias. Maquiavélicos los tipos. Y no se trata, como señalan los panegiristas del régimen, de un problema de incredulidad frente a la versión oficial.

Además, decir que el caso Iguala esatípico, como afirmó Zerón, exhibe un cinismo contumaz y supino. Ese cinismo que permea al gobierno de Peña Nieto y a las clases política y empresarial, aludido por The Economist.

Según argumentó el equipo de abogados que asesora a los padres de los 43 desaparecidos, del montaje mediático teledirigido por el dúo Murillo/Zerón no se puede concluir que exista plena certeza jurídica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Además de que existen dudas científicas sobre la versión de la PGR, es bien conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y coaccionar y chantajear detenidos, y hasta los tribunales de justicia internacionales saben que la tortura es una herramienta sistemática y endémica en México, como empieza a supurar del caso Iguala

Tal vez debido al cansancio provocado por la confección de la trama mediática, al fabulador Murillo se le escapó aclarar su teoría sobre el cruento homicidio de Julio César Mondragón, encontrado desollado (ergo, torturado) por soldados del 27 batallón.

Con respecto a la fórmula oficial de que a los 43 los confundieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron y los tiraron al río, sólo hay certeza de la muerte de Alexander Mora, pero no existe certeza jurídica ni prueba técnica sobre la muerte de los otros 42 (no hay prueba genética del ADN, por lo que no está acreditado el cuerpo del delito de manera científica) ni sobre el lugar donde eso pudo haber ocurrido; las cenizas de Alexander pudieron haber sido sembradas en el río San Juan.

Tampoco se puede cerrar el caso ni decretar una verdad histórica, porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército a partir de los indicios que existen en el expediente, y que apuntan a una complicidad y protección de la delincuencia organizada, por mandos castrenses del 27 batallón desde 2013. A propósito, ¿qué pasó con las declaraciones de los 36 militares que formaron parte de las indagatorias, según Tomás Zerón?

Resultan truculentos, también, los malabares del procurador para acreditar y limitar el delito de desaparición forzada de personas, la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos de Iguala. Normalmente, en la desaparición forzada existe una cadena de mando en la que se ven involucrados varios sujetos perpetradores. En ese caso la responsabilidad penal recae en quien sigue órdenes, pero también en el o los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado la conducta delictiva, o bien, conociéndola, no la impidieron. Lo que conlleva una responsabilidad, por acción u omisión, de los mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal la noche de los hechos, o a una total negligencia también sancionable.

En conclusión, existen muchos cabos sueltos y lo único cierto es el interés deliberado y la intención política de cerrar el caso y garantizar la impunidad de los eslabones superiores de la cadena criminal que esa noche operó en Iguala.

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Ordena IFAI publicar instrucción de Peña Nieto para pausar tren

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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República dar a conocer el documento con la instrucción que dio el presidente Enrique Peña Nieto para la cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y el fundamento legal de esa acción.

Ello luego de que el IFAI revocó la respuesta de Presidencia, que se declaró incompetente para atender la solicitud de información de un ciudadano al argumentar que quien cuenta con la información es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La SCT explicó que su titular —Gerardo Ruiz Esparza— ofreció a directivos y funcionarios del gobierno de China una explicación respecto de la cancelación del fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y, que dicha situación, fue a propuesta del titular de la SCT.

Inconforme, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, que fue turnado a ponencia la comisionada Patricia Kurczyn, en el que impugnó la incompetencia manifestada por Presidencia.

En el análisis del caso, la comisionada expuso que al realizar una búsqueda pública de información, se localizó un boletín emitido por la SCT, en el cual se señala que el presidente Peña tomó la decisión de dejar sin efecto el fallo de la licitación del tren de alta velocidad e instruyó al titular de la secretaría reponer la convocatoria.

Destacó que los comunicados de prensa son emitidos por las unidades administrativas que están facultadas para ello y, por tanto, constituyen una declaración unilateral de la voluntad de los sujetos obligados; de este modo, presumen la existencia de la información a que aluden.

Kurczyn Villalobos expresó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las secretarías de Estado deben llevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el titular del Ejecutivo.

Además de que cada dependencia formula, en el ámbito de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

En ese sentido, advirtió que la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y la Secretaría Particular del Presidente, son las unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado.

Esto toda vez que esas áreas se encargan de dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos que instruya el Ejecutivo Federal, así como de atender las comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al Presidente y transmitir los acuerdos e instrucciones que el mismo determine.

Al exponer el recurso, la comisionada ponente recordó que esa obra, de acuerdo con la propia SCT, tendría un costo de inversión de 37 mil 569 millones de pesos, pero debido al recorte al gasto gubernamental la obra fue suspendida.

Convocan a marcha nacional en apoyo a normalistas de Ayotzinapa

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La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó realizar una “marcha nacional” el 5 de febrero en Chilpancingo, Guerrero para exigir justicia para Ayotzinapa y contra la militarización en Guerrero, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La ANP –integrada por organizaciones sociales y estudiantiles solidarios en el caso Iguala– sesionó el sábado en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, condenó la militarización, argumentando que constituye una forma de represión hacia el movimiento que exige la presentación con vida de los 43 estudiantesdesaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.

Los delegados en la asamblea se pronunciaron en contra del cierre del caso Ayotzinapa, como lo informó el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por no haber evidencias científicas y por no tener pruebas e indicios del paradero de los normalistas.

También rechazaron el despliegue de la Policía Federal en Guerrero para contener las movilizaciones, en detrimento de su lucha en el combate en contra de la delincuencia organizada.

La marcha nacional del próximo jueves se realizará en el contexto de la instalación de la Convención Nacional Popular, que tendrá lugar al término de la movilización en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa. A la asamblea asistieron representantes de 122 organizaciones no gubernamentales, adherentes a la ANP.

Por otro lado, policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero (Fusdeg) que permanecen en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, decomisaron ayer por la mañana al menos 40 kilogramos de mariguana.

La droga era transportada en un autobús que cubre la ruta Colotlipa-Chilpancingo. En el operativo fue detenida una persona.

En tanto, después de las 13 horas se suscitó una persecución en uno de los cerros aledaños a Petaquillas, donde los comunitarios detuvieron a una pareja, presuntamente ligada con la delincuencia.

Luego de la incursión de integrantes de la Fusdeg el sábado pasado en las inmediaciones de Chilpancingo, para brindar seguridad a la población, prevalece un clima de tensión, debido a que ciudadanos y comunitarios impiden el ingreso del Ejército a Petaquillas.

Aproximadamente 300 policías comunitarios mantienen un retén afuera del poblado, en tanto que los soldados están apostados a unos 500 metros de distancia, en otro retén instalado el sábado.

251 legisladores faltan al inicio del periodo legislativo; Cordero defiende su ida al Super Bowl

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El Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura inició este domingo 1 de febrero con la ausencia de 251 de los 628 legisladores, debido a que pidieron licencia, estuvieron en algún evento deportivo o solicitaron permiso.

La sesión de Congreso General comenzó luego de confirmarse la ausencia de 46 de los 128 senadores (sólo asistieron 82) y de 205 de los 500 diputados (295 sí pasaron lista).

Una de las ausencias más notorias fue ladel senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, quien en lugar de presentarse en el Palacio Legislativo de San Lázaro viajó a Phoenix, Arizona, para disfrutar del Super Bowl XLIX entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.

El senador panista fue captado por las cámaras de televisión cuando se encontraba en las gradas del estadio de la Universidad de Phoenix en compañía del expanista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quienes también asistieron al Super Bowl por invitación de Pepsi.

Este lunes 2 de febrero por la mañana, Cordero dijo al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que en la sesión de 10 minutos de ayer era “claro que no se iba a discutir absolutamente nada, yo tomé esa decisión, pedí que se me descontara el día, tengo el 98.4 por ciento de asistencias al Senado y nadie me invitó, yo pagué mi boleto,compré mi boleto desde hace muchos meses, yo pagué mi hotel, yo pagué mi avión, ahora sí que nos cayó la fama inesperadamente”.

Otra de las legisladoras que no estuvo en la sesión del domingo pasado fue la también senadora panista Mariana Gómez del Campo, quien participó en una carrerarealizada en el bosque de Chapultepec la mañana del 1 de febrero.

“Con actitud, coraje y mucha pasión… Mi primera Carrera del año. #MiRetoCarreraPorMes @NextelMX #OrgulloDF“, publicó la panista en su cuenta de Twitter y horas más tarde precisó que su competencia fue a las 7 de la mañana; sin embargo, ella no apareció en el cómputo de las asistencias al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las faltas de 37 legisladores se justifican debido a que pidieron licencia al cargo; sin embargo, al momento de realizar el conteo de las asistencias no se informó sobre los motivos por los cuales sus suplentes no llegaron a la sesión de ayer.

En esta situación se encuentran legisladores como la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ivonne Liliana Álvarez García, quien es la candidata de unidad de ese partido al gobierno de Nuevo León, razón por la que solicitó licencia.

Los diputados panistas Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, ex vocero de la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón; Consuelo Argüelles Loya y Ernesto Alfonso Robledo Leal, ambos de Nuevo León, tampoco estuvieron presentes en la sesión de inicio debido a que solicitaron licencia.

En el caso de Cortázar Lara, la licencia al cargo se debe a que se incorporó al equipo de trabajo del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en la recién creada Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción del Gobierno del Estado.

Los diputados del PRI que no asistieron por estar en tramite su licencia fueron Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos y Jorge Mendoza Garza.

El senador perredista Socorro Sofío Ramírez no participó en la sesión al igual que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Emilio González Martínez y los priistas por Baja California Sur, Ricardo Barroso Agramont e Isaías González Cuevas.

Barroso Agramont y González Cuevas solicitaron licencia al cargo puesto que buscan convertirse en el candidato del PRI al gobierno de Baja California Sur.

Alrededor de las 11:30 horas del 1 de febrero pasado y en una sesión que duró apenas unos minutos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, declaró formalmente iniciado el Segundo Periodo de Sesiones Ordinariasdel Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Después de que se declaró la apertura del último periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, los legisladores se pusieron de pie y entonaron el Himno Nacional. Posteriormente, Silvano Aureoles levantó la sesión de Congreso General y citó a la próxima de la Cámara de Diputados para el martes 3 de febrero, a las 11:00 horas.

La CNDH presenta un plan de 14 medidas para combatir la desaparición de personas en México

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó un plan de 14 medidas para atender de manera integral la desaparición de personas en México durante su participación ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Entre las medidas propuestas por el ombudsman nacional durante el encuentro realizado este lunes 2 de febrero en Ginebra, Suiza, destacan el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales, aprobaruna Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.

También planteó que la obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables, sino a dar con el paradero de los desaparecidos; establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos y crear un Sistema Nacional de Información Genética.

Además, poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

En el plan, el titular de la CNDH agrega que se debe tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.

Sobre el caso Iguala, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo una investigación, para lo cual creó una Oficina Especial para atender el caso y ha tenido reuniones con familiares de los estudiantes, que aceptaron el acompañamiento del organismo.

En su informe, el ombudsman nacional enfatizó la urgencia de que en México se realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las bases de datos con las que se cuenta.

Ello mediante una adecuada metodología y criterios claros que permitan establecer en qué casos existen señalamientos de desaparición forzada, imputada a agentes del Estado o a particulares que actúan con el apoyo o tolerancia de agentes del Estado.

El presidente de la CNDH también planteó definir en cuáles casos la responsabilidad se imputa a la delincuencia organizada y aquéllos que correspondan a personas reportadas como no localizadas, sin que en alguno de esos casos se puedan descartar los supuestos señalados.

De acuerdo con González Pérez, en México los derechos humanos enfrentan una etapa crítica y desafiante, pues pese su reconocimiento con la reforma constitucional de 2011, “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.