“Senadores” presumen “austeridad”… bajándose CIEN PESOTES de su sueldo millonario (117 MIL 600 pesos mensuales)

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¿Querían más burlones, cínicos y miserables a los criminales que se autonombran “representantes del pueblo”? Pues aquí los tienen.

Como parte del supuesto “programa de austeridad” del Senado para este 2015, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, las dietas (sueldos) de los 128 senadores disminuirán 100 pesos mensuales –sí, leyeron bien: CIEN PESOTES– respecto al año anterior, pasando así de 117 mil 600 a 117 mil 500 pesos al mes. ¡Hombre, qué austeros!

A partir del primero de enero de este año, los “austeros” salarios netos de esos 128 indivudios serán, pues, de 117 mil 500 pesos, 100 pesotes menos que el año pasado, cuandos se fijaron en 117 mil 600 pesos mensuales, como parte del plan de austeridad de esa cámara. Pero… ¡esperen!, que la verdadera burla viene a continuación.

De acuerdo con el diario La Jornada, se estableció en el Manual de Percepciones que, para este 2015, los senadores contarán con “una gratificación de fin de año de 40 días de dieta, más apoyos para traslado, asistencia legislativa y atención ciudadana, seguro de vida institucional por 40 meses de dieta bruta, gastos médicos mayores por mil 500 salarios mínimos generales mensuales del Distrito Federal y seguro de separación individualizada”. O sea que ahí se compensaron, por muchísimo más, los cien pesos que estos vividores “sacrificaron” de su sueldo

Por otra parte, detalla La Jornada que en los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2015, la “reducción de recursos” del Senado incluye dejar de “proporcionar bocadillos y lonches a las visitas guiadas de invitados de senadores; se racionalizarán los alimentos como galletas y bocadillos, agua embotellada; los celulares serán únicamente para senadores y mandos medios”, medidas ya anunciadas en 2014 pero al parecer nunca se aplicaron, porque los pobrecitos “senadores” tienen que estar tragando a cada rato para no padecer la hambruna de 110 millones de mexicanos, ¡Dios no lo quiera!.

Por estos “recortes”, no se definió realmente cuál será el ahorro. Según La Jornada, con el programa de austeridad de 2014 el “senado” ahorró sólo 7.5 millones de pesos en todo el año.

Cuestionados al término de la sesión, el perredista Miguel Barbosa, “presidente” del Senado y el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, reconocieron cínicamente que el ajuste de 100 pesos mensuales a las dietas de los 128 legisladores, que son de 117 mil 500 pesos netos, “es muy poquito”. Pese a ello, Barbosa confirmó que se irá de viaje con su jefe Enrique Peña Nieto a su gira por la Gran Bretaña –todo pagado por el pueblo, claro está– y “a ver” si cuando regrese plantea nuevos lineamientos de “austeridad”.

Los “recortes” podrían incluir otra baja en los sueldazos, recortes a la adquisición de vehículos y a la contratación de personal, entre otros despilfarros millonarios del dinero de todos los mexicanos. “Tenemos que hablar con cada uno de los 128 senadores, para acordar el monto en que se va a reducir la dieta”, porque el porcentaje debe ser consensado por todos”, dijo el “austero” priista Gamboa, uno de los peores criminales de este país.

Y a ustedes, integrantes del pueblo mexicano “digno y trabajador”, ¿cómo les va con sus ingresos? ¿Para cuándo su “gira por la Gran Bretaña”?

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Estallan empresarios contra su empleado Peña Nieto

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En desplegado que apareció hace exactamente un mes en diarios de circulación nacional, organismos empresariales estallaron contra su empleado Enrique Peña Nieto y le exigieron incrementar la represión sobre las movilizaciones sociales, a las que culpan por la crisis económica que atraviesa el país.

El exabrupto de la oligarquía pasó un tanto desapercibido ante la opinión pública, pese a que fue difundido a página completa en periódicos “importantes”. Medios electrónicos mencionaron poco o nada al respecto y apenas hasta ahora llamó la atención de la agencia estadounidense Associated Press (AP).

En el anuncio citado por AP, veinte poderosas asociaciones empresariales y centros de análisis del sector privado recriminaron públicamente a Enrique Peña Nieto por “no hacer su trabajo” y le exigieron “garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio”.

Esto, en clara referencia al incremento en las movilizaciones sociales tras el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 27 de septiembre de 2014; la sociedad civil se ha volcado en las calles para exigir no sólo la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, sino la renuncia del actual ocupante de Los Pinos como paso necesario para obtener justicia por ese crimen de “Estado”.

Desde entonces, organismos de la iniciativa privada como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) o la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), han demandado veladamente a Peña Nieto que intensifique la represión contra estas movilizaciones, pues, según los empresarios, están causándoles grandes pérdidas económicas sobre todo en el sur del país, por el cierre de calles y avenidas.

El desplegado concluye con un llamado a las “autoridades”, incluido el propio Peña, a que “honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

La aparición de ese desplegado tiene dos lecturas: 1) según AP, el anuncio muestra la “erosión del respaldo a Peña Nieto” por parte de la cúpula empresarial que lo impuso; y 2) los empresarios simplemente están exigiendo al sujeto más privilegios fiscales y mucha más criminalización, represión policiaca y militar a la protesta social.

En efecto, otra de las demandas de líderes empresariales en fechas recientes, ha sido la aplicación de apoyos, “descuentos” y otros privilegios en materia tributaria, con el pretexto de las “pérdidas” que les han ocasionado las marchas por Ayotzinapa. El pasado 27 de enero, el fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servtije, condicionó el apoyo de los empresarios del CCE a cambio de “facilidades” para ellos, pese a que año con año evaden cantidades millonarias de impuestos.

“Mi propuesta es que cerremos filas en servicio de México, pero apoyando a nuestro presidente. El empresariado es una fuerza política y, por lo tanto, debe respaldar abiertamente al ‘presidente’ en estos momentos que está en una situación muy delicada, muy triste”, espetó. “Lo vamos a respaldar, pero denle también facilidades a los empresarios”, condicionó en reunión con integrantes del CCE.

Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado –principal órgano asesor del CCE– reconoció en entrevista con la agencia AP que “no es común” que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.

“Lo que refleja en buena parte es un cansancio, el agotamiento de mucha búsquedas de solución a nivel regional, de muchas promesas a nivel regional y federal de que se van a resolver (las cosas) y no se resuelven”, dijo.

Asimismo, señaló que el impacto del crimen y la impunidad de actos ilegales se han convertido en algo “absolutamente intolerable”. Empresarios han promovido en los últimos días también actuar bajo códigos de ética a raíz de recientes casos de posible corrupción y posibles conflictos de interés, señaló sin mencionar directamente las gigantescas mansiones que la empresa Higa entregó a Peña Nieto y varios subordinados, a cambio de jugosos contratos de obra pública.

En todos los casos, tanto Peña –a través de su actual mujer– como los demás “funcionarios” involucrados han sostenido que las adquisiciones fueron legales. No obstante,

Ap descaró que la iniciativa privada ayudó a que el PRI volviera al poder en 2012 de la mano de Peña Nieto, luego de dos gobiernos del conservador Partido Acción Nacional. Los empresarios elogiaron las contrarreformas que se promovieron como parte de su agenda oficial, para abrir por primera vez en más de siete décadas el sector petrolero y eléctrico al capital privado, expandir los monopolios en telecomunicaciones y debilitar al magisterio democrático.

El descontento comenzó con la ineptitud de Peña Nieto para instrumentar las contrarreformas sin afectar los intereses empresariales. La “reforma” fiscal, por ejemplo, no generalizó el impuesto al valor agregado a productos como alimentos y medicinas, como exigieron los empresarios y sí aumentó los gravámenes a los ingresos, lo cual para el sector privado afecta la inversión.

Además, “no hay transparencia en la manera en que el dinero se gasta”, dijo Dwight Dyer, analista de Control Risk, una consultoría internacional, a la agencia AP.

Por lo pronto, los empresarios están muy molestos con las protestas sociales y, como hemos visto, Peña ha estado cumpliendo sus deseos de incrementar la represión.

Reportan represión y detenciones arbitrarias en varios puntos del país tras marchas por Ayotzinapa

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Tras las movilizaciones de la Novena Jornada Global por Ayotzinapa, no pudieron faltar las provocaciones de infiltrados y posterior represión contra la ciudadanía, por parte de granaderos y elementos antimotines desplegados en todo el país para tal efecto.

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, este medio recibió por correo electrónico reportes de agresiones provenientes de policías, acompañadas de detenciones arbitrarias de manifestantes.

Compañeros urge el apoyo aquí en Cancún, al estar manifestándonos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, y la policía nos agredió y se llevaron a varios compañeros, la policía nos tiene rodeados estamos escondidos no podemos salir. Difundan x favor, necesitamos ayuda. Estamos escondidos en el OXXO de la Tulum frente al municipio.

Compañeros, detuvieron al compañero Mario Valle y a otros compañeros de la Coordinadora de Madres Padres y Tutores aqui en Cancun al estar manifestandonos por Ayotzinapa.

Al respecto, circularon varias fotografías en las redes sociales:

Otros testimonios sobre las agresiones en Cancún señalan que los compañeros repudiaban también la represión del pasado martes en el puerto de Acapulco, cuando sobre la avenida Tulum en la rotonda denominada “El Ceviche”, con rumbo a Palacio Municipal, comenzó la provocación de la policía antimotines contra los compañeros que ahí se estaban reuniendo para realizar un mitin.

Los agredidos confirman la detención de ocho personas y hasta el momento hay 12 desaparecidos. Entre los arrestados está Mario Valle Koo de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación. Sus compañeros se dirigen a la Procuraduría de Justicia Zona Norte en avenida Xcaret para indagar la situación de los detenidos.

El colectivo Anonymous Hispano, difundió en su canal de Youtube un video que muestra algunas detenciones frente al palacio municipal de Cancún. La usuaria que hizo llegar el video al colectivo, señaló que los agentes golpearon a varios jóvenes e incluso se los llevaron arrastrando a por lo menos cinco muchachos, sin razón alguna.

Dicen haber detenido a la Tuta… ¿Y A PEÑA NIETO CUÁNDO?

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Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder del cártel de Los caballeros templarios, fue detenido en la ciudad de Morelia, Michoacán, por elementos de la Policía Federal

En las próximas horas el “gobierno” federal ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles de la captura, la cual fue realizada por elementos de inteligencia de la Policía Federal, sin que se registrara ningún enfrentamiento.

El líder de Los caballeros templarios es trasladado a la ciudad de México.

Gómez Martínez –de 49 años y otrora maestro rural– asumió el control de grupo criminal tras la muerte de Enrique Plancarte y Nazario Moreno González, quienes fundaron originalmente el cártel de La familia michoacana entre 2005 y 2006, para enfrentar y quitar el control del trasiego y producción de drogas en el estado de Michoacán al grupo de Los Zetas, para quienes trabajan.

El grupo criminal llegó a tener presencia en 19 estados de la República mexicana y en varias ciudades de Estados Unidos y China.

Servando Gómez se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el país, luego de la ola de violencia que surgió en Michoacán, tras el surgimiento de grupos de autodefensa que estaban integrados por productores agrícolas de Michoacán que estaban cansados de ser extorsionados y secuestrados por este grupo criminal.

Las “autoridades” ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos por su captura.

El Descontrol de daños de Peña Nieto

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Que se calle el Papa, que se calle Obama, que se calle Clinton, que enmudezca González Iñárritu, que dejen de indagar los reporteros extranjeros, que se vayan losforenses argentinos, que la ONU deje de juzgar y que dejen en paz a este gran gobierno que ha decidido responder “golpe por golpe” la ola de críticas y animadversión que genera su actitud ante cada expediente conflictivo.

Esta parece ser “la línea” de Los Pinos. No lo dicen así, por supuesto, pero las respuestas y las correcciones tienen el tufo regañón de quien no sabe cómo salir de una para entrar a otra crisis.

Los magos de la comunicación presidencial han decidido no sólo controlar hasta la última línea ágata de los medios impresos y cada segundo en los medios electrónicos financiados con dinero público (no con el de Peña Nieto) sino también responder con singular torpeza a quienes cuestionan, documentan, denuncian o simplemente exponen un punto de vista crítico. Confunden al país con el presidente. Y creen que las críticas a su gobierno son una afrenta a la soberanía.

En comunicación política uno de los elementos fundamentales de las crisis es el llamado “control de daños”. Se trata de tomar una serie de medidas para aminorar, amortiguar y aislar el efecto causado por un escándalo, un imprevisto, un accidente, una tragedia o una ruptura en el aparato político.

El control de daños, por supuesto, incluye que alguien se haga responsable, se le sancione y se adopten medidas correctivas. Algo que no ha pasado en ninguno de los casos mexicanos recientes: ni en Ayotzinapa, ni en los escándalos de las casas, ni en el descarrilamiento del tren de alta velocidad México-Querétaro ni en la reiterada violencia en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas y menos en la pésima conducción de la política económica mexicana. Todos los responsables siguen inmóviles, como estatuas de sal. Paralizados como si nada hubiera sucedido. Como la orquesta del Titanic, siguen tocando aunque el barco se hunda.

Para operar el “control de daños” primero debe asumirse que se está frente a una crisis. Peña Nieto, ya lo dijo éste en su célebre discurso del #YaSeQueNoAplauden: su gobierno no vive una crisis de corrupción sino un problema de “mala percepción” de sus acciones. Nada de lo que han hecho es ilegal y menos cuestionable éticamente. El problema es que los demás no entienden. Tener bienes raíces patrocinados, financiados o regalados por los grandes contratistas de obra pública no es un conflicto de interés. Es un conflicto de percepción.

Para Peña Nieto no hay crisis en el escándalo internacional que se ha convertido el expediente Ayotzinapa y las compuertas que se abrieron sobre los expedientes de miles de desaparecidos (todavía hay columnistas financiados desde Los Pinos que niegan lo evidente: hay miles de desaparecidos). No hay crisis en la falta de crecimiento económico (son las variables externas las que cambiaron). No hay crisis en el desplome de las promesas de la reforma energética que se abarataron más que el barril de petróleo. No hay crisis cuando la primera dama se convierte en el Meme más criticado en la historia reciente.

Todo esto no es crisis. La crisis es producto de una mala opiniónorquestada, quizá, por alguien que se ve afectado en sus intereses (ahí han filtrado que todo se debe a Carlos Slim que resultó ser un “genio” para maniobrar en la prensa anglosajona), por adversarios que quieren derrocar al Grupo Atlacomulco, por resentidos como el ex jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard o que simplemente por quienes le tiene mala fe al “Salvador de México”.

Desde ahí, el error de diagnóstico convierte al control de daños en un descontrol. En lugar de aislar, aminorar y corregir el origen de la crisis lo agradan, lo expanden y reiteran con su discurso y su actitud el enojo de los ciudadanos.

En cada uno de los casos mencionados, los geniecillos de Los Pinos potencian el daño al querer “controlar” lo que no pueden: la indignación generalizada, la decepción frente a las promesas, el enojo empresarial con una reforma fiscal recesiva, a los medios internacionales que, en efecto, creyeron en Peña Nieto y ahora lo cuestionan con singular desengaño.

Quieren controlar hasta las opiniones del Papa Francisco en su correspondencia privada. Quieren maniobrar al estilo priista para transformar las palabras de González Iñárritu en el evento con mayor rating en la televisión global (la entrega de los premios Oscar) para convencernos que su crítica fue hacia Estados Unidos. Quieren que las expresiones de Obama, Clinton y los medios no se divulguen en sus medios-espejo.

Transforman a los embajadores en correctores de estilo de los corresponsales extranjeros. Convierten a los secretarios de Estado en pugilistas en rounds de sombra. Y transforman cada crisis en una debacle.

Ahí está el error de creer que todo es percepción pública. También los hechos cuentan. Y cuando éstos son reiteradamente autoritarios y cínicos, reiteradamente generan una reacción de sentido inverso y de mayor intensidad en su contra.

Peña propone que agentes extranjeros puedan portar armas en territorio mexicano

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El presidente Enrique Peña Nieto envió este martes 24 de febrero al Senado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos que, en caso de ser aprobada, permitirá que los agentes extranjeros, aduanales, migratorios y escoltas, porten armas en territorio nacional.

Al exponer los motivos de la iniciativa, el presidente señaló que los agentes extranjeros necesitarán armas para realizar pre-inspecciones aduaneras y pre-inspecciones migratorias que, en un futuro, se podrán en marcha en las fronteras y puntos de entrada al país.

“Se busca permitir que los funcionarios aduaneros extranjeros ingresen y porten sus armas de cargo en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en territorio mexicano que sean seleccionadas para la instrumentación de estos nuevos esquemas”, explica la iniciativa del presidente para el caso de los agentes aduanales.

“Se podrá autorizar la portación de armas a los servidores públicos extranjeros de migración que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales”, aclara al referirse a la presencia de agentes migratorios extranjeros en territorio nacional, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

El diario Milenio informa que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de emitir las autorizaciones extraordinarias correspondientes en las que determinara el arma autorizada, el local o la instalación en la que será válida la portación, así como los límites y restricciones que considere conducentes.

“En congruencia con las finalidades del esquema de cooperación internacional, se establece que los servidores públicos extranjeros solamente podrán portar las armas y calibres que utilizan en su país de origen, como parte de su equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, con las limitantes que señala la propia iniciativa; es decir, no se autorizará portación de un arma distinta a la que los agentes aduanales utilizan en su respectivo país como su arma de cargo, la cual deberá ser un revolver o pistola cuyo calibre en ningún caso podrá ser superior a .40” o equivalente”.

La iniciativa de reforma establece que, para atender los requerimientos de seguridad de los mandatarios y visitantes de alto nivel, también se permitirá a los agentes extranjeros la portación de armas. En este caso, el presidente reconoció que ya se ha permitido el ingreso de personal armado.

En el caso de los agentes aduanales, la Secretaría de Hacienda deberá solicitar la autorización a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que para los agentes migratorios, la Secretaría de Gobernación tramitará el permiso y se prevé que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará la autorización de Sedena para las escoltas que acompañen a Jefes de Estado.

Así proponen los diputados castigar a los funcionarios corruptos

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La reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción avanza en la Cámara de Diputados al haber superado el desacuerdo que mantenía el PRI con el PAN y PRD y cuyo dictamen, según prevén, será subido al pleno para su discusión el jueves 26 de febrero.

Una vez aprobada la ley, las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos tendrán hasta siete años de prescripción; sin embargo, los casos ocurridos antes de la entrada en vigor, estarían exentos puesto que “la ley no es retroactiva”.

También acordaron que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública a cargo del Ejecutivo, deberá ser ratificado por el Senado. Mientras que el criterio para determinar la permanencia del actual secretario, Virgilio Andrade, será establecido en las leyes secundarias, después de aprobar la reforma.

Estos eran dos de los puntos que mantuvo atorada la negociación en la Cámara de Diputados, hasta horas antes de que los coordinadores de las bancadas Manlio Fabio Beltrones, del PRI; Miguel Alonso Raya, del PRD y Ricardo Anaya, del PAN ofrecieran una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo conseguido este martes 24 de febrero.

Con estos acuerdos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados elabora un dictamen que sería aprobado en su reunión plenaria de este miércoles 25 de febrero, para luego ser presentado y votado en la sesión del pleno este jueves o el martes 3 de marzo.

Si bien el coordinador de la fracción panista, Ricardo Anaya insistió en que esta legislación impulsada por su partido “no habrá borrón y cuenta nueva, pues quien haya cometido actos de corrupción en el pasado sí podrá ser juzgado con este Sistema Nacional Anticorrupción”, el PRD y PRI lo rectificaron.

En la propuesta de legislación se propone una prescripción de hasta siete años y “empezará a correr (…) a partir de que entre en vigor la reforma” porque “no lo puedo aplicar retroactivamente”, dijo el priísta Héctor Gutiérrez de la Garza, uno de los diputados que ha participado en la negociación activamente.

El coordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya precisó que “a partir de que (se) presenta la denuncia, corren cuando menos siete años para que (el caso) pueda prescribir”.

Sin embargo, según el diputado panista, Fernando Rodríguez Doval, sí podría ser investigado con este nuevo sistema el caso de “la casa blanca”, donde se acusa de un supuesto conflicto de interés al presidente Enrique Peña Nieto con la empresa Higa, que recibió contratos gubernamentales y financió la compra de una casa de la esposa del mandatario, Angélica Rivera.

“Ese caso no debe quedar impune porque, suponiendo que el secretario de la Función Pública no investiga como debe de investigar al secretario de Hacienda y al Presidente, podría investigar la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente, tratándose de un posible delito podría investigar la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.

Aunque, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

 

 

Estos son los puntos de coincidencia de los partidos en el proyecto de dictamen:

 

  • El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado.
  • Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de atracción para que pueda investigar las finanzas estatales y municipales.
  • Se aumenta a siete años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves.
  • Procederá la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
  • Se amplían facultades al Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción, por lo que podrá:
  • Expedir una ley que establezca la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Facultar al Tribunal Federal de Justicia para sancionar las faltas administrativas graves.
  • La Cámara de Diputados designará a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
  • Reconfiguración de la Auditoría Superior de la Federación:
  • Se elimina el principio de anualidad y posterioridad para que la auditoría pueda llevar a cabo revisiones en tiempo real, así como de ejercicios anteriores.
  • Se le otorga facultad para fiscalizar a los órganos autónomos.
  • Podrá fiscalizar recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
  • Promoverá acciones ante las autoridades competentes derivados del invorm de revisiones efectuados en tiempo real.
  • Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes.