A punta de pistola, federales detienen a 16 estudiantes de Guerrero que protestaban

detencionpoliciafederalguerrero-720x362

Tal como se había previsto, tras el anuncio de Murillo Karam para dar carpetazo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la represión contra los movimientos que exigen justicia por ese nuevo crimen de Estado (secuestrado por el PRI) comienza a desatarse con mayor intensidad, violencia y despotismo.

Hoy por la mañana, elementos de la policía federal detuvieron con violencia y a punta de pistola a un grupo de estudiantes que intentaban realizar una colecta en la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol.

El diario Reforma informó que fueron cinco los jóvenes detenidos, sin embargo La Jornada, con información más actualizada, dio a conocer que fueron en total 16 los estudiantes arrestados por los elementos federales.

De acuerdo con ese medio, los 16 detenidos son estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física (Esef). Luego del arresto, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal en la ciudad de Chilpancingo. En protesta, un autobús con estudiantes y maestros de la CETEG se presentó en las instalaciones policiacas para exigir la liberación de los jóvenes, al grito de “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!” y “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. La Jornada confirmó que los detenidos finalmente fueron liberados tras hora y media de arresto.

Nótese en las fotografías el trato que los elementos dan a los jóvenes activistas, esposándolos y sometiéndolos con violencia en el suelo. En cambio, al sicario y asesino Felipe Rodríguez “El Cepillo”, líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”, lo presentaron simulando que estaba esposado cuando sólo sostenía a sus espaldas una botellita de agua.

La detención de estos jóvenes se dio en el marco del “operativo” que arrancó el día de ayer para “proteger” casetas de peaje en las diferentes autopistas que confluyen en el Estado de Guerrero. El despliegue de este operativo, con más de 1,500 elementos antimotines, ocurrió en paralelo con el anuncio de impunidad que emitió ayer el priista Jesús Murillo Karam, usurpador de la Procuraduría General de la República (PGR), por el crimen de Estado de Ayotzinapa.

Enrique Galindo Ceballos, comisionado de la Policía Federal en Guerrero, informó que el operativo tiene como objetivo impedir que manifestantes obstruyan el libre tránsito o permitan el paso libre de vehículos a través de las casetas.

Aunque el sujeto presumió que los elementos no portarían armas de fuego e incluso que visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y un notario público certificaron dicha afirmación, las fotografías deLa Jornada aquí publicadas demuestran que, al menos los elementos que realizaron las citadas detenciones, no sólo portan armas de fuego sino que además las apuntaron contra activistas pacíficos que sólo realizaban un boteo sin afectar el libre tránsito de automovilstas o transeúntes.

Anuncios

Presidencia “abre” información del caso Ayotzinapa en este micrositio

Captura-de-pantalla-2015-01-28-a-las-19.17.42-e1422494378188

La Presidencia de la República publicó un micrositio en su página de internet con toda la información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre pasado.

Al ingresar a la dirección http://www.presidencia.gob.mx, los usuarios de internet pueden ver del lado derecho de la página el micrositio titulado “Caso Ayotzinapa”, en el que se muestran todos los videos en los que el presidente Enrique Peña Nieto ha hablado sobre el tema desde el pasado 6 de octubre, cuando se refirió al caso por primera ocasión.

Además, quien así lo desee puede consultar el reporte final del caso que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) la tarde del 27 de enero pasado, así como la presentación que se hizo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otro de los materiales que se puede consultar en el micrositio es una ficha que señala la posición del presidente en torno al caso y el video íntegro de la conferencia que encabezó el procurador Jesús Murillo Karam.

El miércoles pasado, la PGR confirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero de municipal de Cocula.

Acompañado del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam dijo que, con base en las declaraciones de los participantes en los hechos, se determinó que “los estudiantes fueron señalados como delincuentes del grupo antagónico”, por lo que fueron asesinados.

Director de normal en Ayotzinapa dice no tener vínculos con criminales

NAC11281323a779f62_0

José Luis Hernández Rivera, director de la Normal Rural de Ayotzinapa, calificó de ilógicos e incoherentes los dichos de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, respecto a que un operador de la banda de Los Rojos le pagó por enviar a los estudiantes a realizar “desmadres” a Iguala el 26 de septiembre.

En entrevista, aseguró que no es la primera vez que buscan difamarlo y enfatizó que los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos han alcanzado tal nivel de autonomía que a nivel directivo no tienen injerencia en las formas que ellos mismos determinan para “avanzar en sus demandas”.

Por ello, Hernández Rivera descartó que tanto él como la normal rural tengan algún vínculo con algún grupo delincuencial o que “la escuela se dedique a situaciones de asesinar o esas cosas”.

El director de la Normal Rural de Ayotzinapa destacó que está dispuesto a acudir a declarar sobre estos hechos si así lo determina la Procuraduría General de la República.

A 4 meses de Iguala: la advertencia de Abarca fue “yo tengo ‘jijos’ de la chingada para matar”

abarcapinedaAP

El 15 de mayo de 2013, el dirigente agrarioArturo Hernández Carmona, junto con toda la dirigencia de su organización, Unidad Popular, fueron recibidos en audiencia oficial por quien aún era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para analizar laproblemática de violencia política que sufría el municipio, luego de que en marzo de ese año fuera asesinado en su despacho otro líder social, el síndico Justino Carvajal.

Ese día, recuerda Rafael Ochoa, uno de los dirigentes campesinos presentes en la reunión, el ingeniero Arturo Hernández Cardona “le dijo a Abarca que lo hacía responsable de lo que le pudiera suceder a él, o a los compañeros de Unidad Popular, y es ahí cuando se molesta José Luis Abarca y le dice que no va a andarlo cuidando… en esa reunión, Abarca nos dijo que ya tenía unas máquinas que nos iba a prestar para hacer obras en las colonias que representábamos, pero que si queríamos nosotros paz, teníamos que estar de su lado, y cuando se le dijo que no se aceptaba esa condición, que nosotros no estábamos con él, Abarca nos respondió: ‘¿Ah sí? Pues si ustedes manejan gente, yo manejo jijos de la chingada’, y como vio que no le hicimos mucho caso, él remarcó: ‘O sea, si no entienden, yo tengo gente para matar’”. Por esta amenaza, destaca Rafael Ochoa, su organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que no derivó en acción alguna.

Dos semanas después, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y otros seis integrantes de Unidad Popular fueron raptados, minutos después de encabezar una protesta en la caseta carretera de Iguala, organizada para demandar la entrega de abono a campesinos. Tres días después, el 3 de junio de 2013, Hernández Cardona y tres de los campesinos con los que había sido secuestrado, fueron encontrados, muertos, en una fosa clandestina ubicada en el vecino municipio de Mezcala.

Ese mismo día en que los cuerpos fueron localizados, subraya Rafael Ochoa, “yo fui arrestado por la Policía Municipal, estaba en una colonia que antes se llamaba La Pradera, donde nuestra organización tenía bases, y todos fuimos desalojados por la fuerza, a mí me arrestaron, me sembraron un arma, me obligaron a sostenerla para que me tomaran fotos con ella, y me llevan al reclusorio… a otros compañeros, además, los torturaron ahí mismo, aplicándoles descargas eléctricas con un aparato… yo estuve detenido 20 horas, y luego, mediante el pago de una fianza, fui puesto en libertad.Inmediatamente después huí de Iguala, con toda mi familia.”

–¿Usted fue testigo directo de las amenazas de José Luis Abarca?

–Sí –responde Ochoa–, yo no puedo decir que él fue directamente quien jaló el gatillo, pero sí puedo afirmar, porque ahí estaba yo, que él nos advirtió que tenía gente para matar, esa fue su expresión, ‘yo tengo gente para matar’… de hecho, como el ingeniero Hernández Cardona lo encaró cuando nos dijo eso, la esposa de Abarca, la señora María de los Ángeles Pineda, que también estaba en la reunión, se puso en pie y quiso írsele a los golpes al ingeniero… tuvo que intervenir la regidora Sofía Lorena Mendoza para evitar que lo golpeara… en ese momento todos nos salimos del despacho de Abarca, y cuando íbamos saliendo nos volvió a gritar que no olvidáramos que él tenía ‘jijos de la chingada’ para lo que se le ofreciera.

A pesar de que Unidad Popular promovió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero una denuncia contra Abarca por dichas amenazas, y a pesar de que éstas se cumplieron 15 días después, cobrando la vida del ingeniero Hernández Cardona y otros tres campesinos, el gobierno estatal, entonces aún encabezado por el perredista Ángel Aguirre, no emprendió ninguna acción en contra del alcalde igualteco.

En la misa línea, la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco inició ninguna investigación, cuando esta denuncia fue presentada a nivel federal.

“Por eso –subraya Ochoa–, me parece muy raro que las autoridades estatales y federales se esperaran hasta el 26 de septiembre (de 2014) para hacer algo. O sea, tuvieron que desaparecer a 43 muchachos y tuvieron que ser asesinadas seis personas más, para que el gobierno se diera cuenta que sí, que José Luis Abarca asesinó a nuestro líder, el ingeniero Arturo Hernández Cardona, porque cuando encarcelaron a los Abarca no fue por la desaparición de los normalistas, sino que fue por el asesinato de Arturo… el gobierno federal y estatal dejaron pasar un año y cuatro meses, para iniciar una investigación contra el exalcalde y su esposa, por el asesinato de nuestro líder, que era una persona dedicada cien por ciento a defender a los pobres, y esta tardanza, claro, las autoridades no han querido explicarla.Si hubieran actuado de forma inmediata, tal como dicta la ley, los muchachos de Ayotzinapa seguramente no habrían sido desaparecidos por la Policía Municipal y estarían hoy tomando clases en su escuela.”

Cabe recordar que Abarca y su esposa (presidenta del DIF municipal, y aspirante a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala) pidieron licencia al cargo cuatro días después del ataque perpetrado por la Policía Municipal en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, y ese mismo día se dieron a la fuga. Y, luego de un mes prófugos, la pareja fue detenida en el Distrito Federal, pero no por el secuestro de los 43 normalistas, sino por su presunto involucramiento en el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona.

No fue sino hasta el pasado 13 de enero de 2015 que la PGR fincó cargos a ambos por el ataque policiaL perpetrado contra los estudiantes, así como por su presunta vinculación con el cártel conocido como Guerreros Unidos, cuyos sicarios, hoy se sabe, participaron en el crimen contra los normalistas.

Para intentar conocer la forma en que este grupo criminal fue arraigando en Iguala, se consulta a distintos tipos de habitantes: agricultores, empresarios, líderes sociales, políticos, empleados. Y ya sea por verdadero desconocimiento o por expreso temor a represalias, nadie aventura una respuesta.

El mejor ejemplo es el del doctor Lázaro Mazón, exalcalde de Iguala en dos periodos,exsenador perredista por Guerrero, exsecretario de Salud del Estado, en el gabinete del hoy exgobernador Ángel Águirre. Mazón, además, fue quien presentó a José Luis Abarca ante la dirigencia del PRD, cuando éste comenzó su búsqueda de la candidatura perredista a la presidencia municipal de Iguala.

“Yo nunca he negado que conocí a José Luis Abarca –señala el doctor Mazón–, su mamá y mi mamá fueron amigas, pero yo no respondo por lo que hacen mis familiares ni mis amigos (…) Yo, por cuestiones de mi seguridad personal, he tratado de no escuchar pláticas que dicen esto y aquello, que el grupo rojo, que el grupo amarillo, que el grupo verde… yo trato de ni siquiera saber, yo escucho que los zetas, que los chacos y, creeme, yo no sé lo que es uno y lo que es otro, yo trato de no involucrarme ni saber de eso. Yo aprendí más de eso después de los balazos (el ataque policiaco contra los normalistas del 26 de septiembre), aprendí que había un grupo de Iguala llamado Guerreros Unidos, y que había un grupo llamado Los Rojos. Esa fue –remata– la primera vez que empecé a escuchar de ellos…”

Juez rechaza la demanda presentada por Cassez contra Felipe Calderón

florence-cassez

El diario Reforma informó este jueves 29 de enero que un juez federal rechazó admitir la demanda por 36 millones de dólares de la ciudadana francesa, Florence Cassez, por daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, otros exfuncionarios, Grupo Televisa y dos periodistas.

Juan Manuel Vega Tapia, juez segundo de distrito en materia civil, se declaró incompetente, ya que dijo que –en cuanto a la acusación contra exfuncionarios– la vía civil no es la procedente, sino que debe ser revisado bajo la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado.

En la demanda a Televisa y a los reporterosCarlos Loret de Mola y Pablo Reinah – responsables de difundir el montaje que hizo la Policía Federal bajo el mando de Genaro García Luna para simular la captura de Cassez en diciembre de 2005-, el juez Vega determinó que el caso debe ser revisado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del DF, pues no es un asunto federal.

Los abogados de Cassez todavía no son notificados del asunto, pero pueden aceptar el fallo para iniciar los nuevos trámites o apelar ante un tribunal unitario de circuito.

La ciudadana francesa detenida por su presunta participación con una banda de secuestradores basa su reclamo en la sentencia de la Primera Sala de la Corte, que ordenó su liberación en enero de 2013, ya que consideró que era inocente porque el montaje televisivo sobre su captura tuvo un “efecto corruptor” que vició todo el proceso penal en su contra.

Florence Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.

La ciudadana francesa fue detenida por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que dirigía Genaro García Luna. En ese entonces fue acusada de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco, liderado por su pareja sentimental, Israel Vallarta, y de participar en al menos tres secuestros.

Los funcionarios que participaron en la aprehensión de Cassez incurrieron en por lo menos tres delitos: contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con un reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Repudiamos la versión de Murillo Karam, responden padres de normalistas

Iguala_Protesta-4-e1419202783746

Los padres de los estudiante saseguran que la versión de Jesús Murillo Karam es pura mentira, “soy de Tixtla y sé cuando un animal es quemado, se requiere harto fuego: padre de normalista 

Por su parte el abogado de las víctimas relacionadas con el Caso Iguala, Vidulfo Rosales, informó que ante la resolución de la Procuraduría General de la República, “con la cual no estamos de acuerdo”, padres de los normalistas denunciarán al Gobierno mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por haber permitido la impunidad en la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes.

“Es un intento de las autoridades por cerrar a toda prisa el caso, aun cuando la investigación no es concluyente y tiene puntos que deben esclarecerse y ofrecer la respuesta que los padres necesitan,” indicó.

Estudiantes masacrados por narcotraficantes, asegura Murillo Karam

karam

La Procuraduria General de la República (PGR) encabezada por Jesús Murillo Karam anunció que los  43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero fueron masacrados por un grupo de narcotraficantes que los confundió con una banda rival.

“Evidencias permiten determinar que los normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río, en ese orden”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa.

Felipe “el Cepillo” Rodríguez, miembro del cartel Guerreros Unidosdetenido días atrás, organizó la ejecución de los 43 jóvenes por instrucciones de un líder de la organización, concluyó Murillo Karam

“Los estudiantes fueron señalados por los delincuentes como integrantes del grupo antagónico de la región”, dijo por su parte el director de la agencia de investigación de la PGR, Tomás Zerón, explicando que la masacre tuvo que ver con la defensa del territoriopor parte de Guerreros Unidos.

Familiares no aceptan versión oficial

Los padres de los normalistas siguen creyendo que los estudiantes aún están vivos y que el Ejército podría tenerlos secuestrados.

Los familiares han dicho que solamente reconocerán que están muertos si les entregan sus cuerpos, algo que según la PGR no es posible por el grado de calcinación de los restos y porque gran parte de ellos fue arrojada al río.

Algunos restos recuperados fueron enviados en diciembre a la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero sólo se logró identificar al estudiante Alexander Mora. Actualmente siguen trabajando con nuevas técnicas.

Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos pobres, pertenecían a una escuela rural de magisterio del estado sureño de Guerrero. Habían salido la tarde del 26 de septiembre hacia la ciudad de Iguala a recolectar fondos para participar en una protesta en la Ciudad de México, distante más de 300 kilómetros de la escuela, según la fiscalía.

Al llegar a Iguala y tras haber tomado autobuses, fueron detenidos por policías que los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos por órdenes del alcalde, José Luis Abarca, quien se encuentra detenido desde octubre junto con su esposa acusado del delito de desaparición forzada.

El caso marcó el peor momento del Gobierno de Enrique Peña Nietoy dejó en evidencia el grado de corrupción existente entre autoridades locales vinculadas a la delincuencia organizada.