Desaparición de 43 estudiantes fue el suceso del año en México

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La desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace tres meses en el sureño estado de Guerrero fue el acontecimiento de 2014 en México, según una encuesta elaborada por el diario El Universal y difundida hoy.

Con un 76 % de la votación la desaparición en el municipio de Iguala de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre, a manos de autoridades corruptas y miembros del cártel Guerreros Unidos, se convirtió en el acontecimiento más importante del año en el país.

El suceso también ha sido uno de los temas con mayor relevancia en Internet en México, según El Universal.

“La palabra Ayotzinapa ha generado más de 11,4 millones de documentos en la red, 5.000 de ellos publicados por El Universal”, afirmó el medio.

De acuerdo con el testimonio de tres de 80 capturados por el caso los jóvenes fueron asesinados e incinerados por integrantes de Guerreros Unidos en Cocula, un municipio vecino a Iguala, una versión en la que no creen los familiares de los estudiantes.

Varios restos humanos que la Fiscalía de México asegura haber hallado en Cocula fueron identificados por forenses de Argentina y Austria como correspondientes a los de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

Los peritos argentinos aseguran que aunque corroboraron la identidad no fueron testigos del hallazgo de los restos en Cocula.

Además del caso Ayotzinapa, para los mexicanos fueron temas del año las reformas impulsadas por el gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para transformar y modernizar el país, con un 5 %; la crisis económica y la inseguridad en el país, ambas con un 2 %, y el Teletón, con 1 %.

A nivel internacional el acontecimiento del año para los mexicanos fue la crisis humanitaria que viven los migrantes en su periplo a Estados Unidos y en el país norteamericano, que obtuvo un 12 % de las menciones.

A este hecho le siguieron la epidemia de ébola, con 10 %; el Mundial de fútbol de Brasil, con 8 %, y la guerra en Siria, con 4 %.

La encuesta consultó a 1.000 ciudadanos con credencial de elector en sus viviendas del 9 al 10 de diciembre, tiene un margen de error de más/menos 3,1 % porcentuales y un índice de confianza del 95 %.

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PRD pide oficialmente la renuncia de los peñistas Murillo y Rubido

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La pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía en la investigación federal sobre la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, “amerita la renuncia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García”, demandó el PRD en la Cámara de Diputados.

Las evidencias de la probable participación de fuerzas federales en el ataque a los estudiantes y entrega de los jóvenes a narcotraficantes, siguen sin esclarecerse por Murillo.

“Es claro que atrás de las prisas de la investigación oficial hay una intención de que los mexicanos ya superemos el dolor por Iguala, como lo pidió (Enrique) Peña Nieto, en un afán por deslindar a su administración de la responsabilidad que le toca”., expresó Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en San Lázaro.

Los 14 temas que sí movieron a México durante 2014

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Para México, 2014 ha sido un año que comenzó con la discusión de las leyes secundarias de reformas clave para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que termina con una serie de hechos que han puesto a prueba tanto a las autoridades federales como a las locales.

 

Durante estos 12 meses, el país pasó de debatir las reglas para la apertura del sector energético al capital privado, a encarar casos que generaron preocupación entre la comunidad internacional, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

 

En medio de esto, las autoridades mexicanas lograron anotarse un triunfo de resonancia mundial con la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, uno de los capos más buscados del orbe y quien actualmente se encuentra sujeto a proceso penal.

 

A continuación, te presentamos un recuento de los 14 temas que captaron la atención en México en el año que está por concluir.

 

1. Ayotzinapa

 

La tragedia de Iguala, en la que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales y presuntamente asesinados por delincuentes el 26 de septiembre, “conmocionó a la nación” y puso “a prueba” a México, según ha reconocido el propio presidente Peña Nieto.

 

El caso ha generado marchas masivas contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, señalado y detenido como presunto autor intelectual del crimen; contra Ángel Aguirre, quien ante la presión social pidió licencia como gobernador de Guerrero, e incluso contra el jefe del Ejecutivo.

 

A finales de noviembre, a dos meses de lo ocurrido, el mandatario anunció 14 medidas en seguridad y justicia para evitar que se repitan crímenes similares. Entre estas iniciativas está una para desaparecer a las policías municipales y crear 32 corporaciones estatales de mando único, un planteamiento que se prevé el Congreso discuta en febrero.

 

2. La ‘Casa Blanca’

 

Los reportajes sobre casas de la primera dama, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, vendidas por empresas de un contratista del gobierno federal, desataron un debate público sobre si se trata de posibles conflictos de interés o incluso casos de corrupción.

 

El portal Aristegui Noticias informó el 9 de noviembre que la mansión de Rivera —conocida como la Casa Blanca— está a nombre de una constructora del empresario Juan Armando Hinojosa, presidente de Grupo Higa, quien ha ganado contratos millonarios en mandatos de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y como presidente. Cuestionada al respecto, la familia presidencial ha insistido en que la transacción fue legal.

 

Un mes después, el 11 de diciembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Videgaray compró en octubre 2012 una casa a otra empresa propiedad de Hinojosa. Tras la difusión del reportaje, Videgaray también rechazó haber incurrido en faltas.

 

3. Las protestas

 

Los casos de Ayotzinapa y de la Casa Blanca han desatado marchas masivas, bloqueos y tomas de casetas, principalmente en la Ciudad de México y en Guerrero, que en algunos casos han terminado con actos violentos: quema de edificios públicos, destrozos en comercios y enfrentamientos con policías.

 

En estas protestas, la policía ha detenido a decenas de personas por su presunta participación en disturbios. Sin embargo, la actuación de los cuerpos de seguridad ha sido cuestionada por organizaciones civiles, que describen tales detenciones como arbitrarias.

 

4. Tlatlaya

 

El 30 de junio, el Ejército reportó la muerte de 22 personas en Tlatlaya, un municipio del Estado de México. En su primer informe, indicó que esto había ocurrido en un enfrentamiento con presuntos delincuentes, aunque reportajes de la agencia AP y de la revista Esquire cuestionaron esa versión y derivaron en investigaciones oficiales, según las cuales militares cometieron ejecuciones extrajudiciales.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras una averiguación en la que determinó que los elementos de las Fuerzas Armadas alteraron la escena del crimen para simular que las víctimas habían muerto en una balacera.

 

A la fecha, siete soldados han recibido orden de formal prisión, en tanto el caso ha revivido las preocupaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los presuntos abusos de militares en el contexto de la lucha contra la delincuencia.

 

5. La violencia en los estados

 

Además de Guerrero, otros estados que provocaron preocupación por hechos de violencia fueron Michoacán, Tamaulipas y Estado de México.

 

En Michoacán, el gobierno federal nombró a Alfredo Castillo como comisionado especial, con la encomienda de lidiar con los grupos de autodefensa y coordinar el combate al crimen. En mayo, Castillo logró que las autodefensas se registraran como policías rurales, aunque se han mantenido tensiones entre algunos de sus líderes y capos como Servando Gómez, la Tuta, de Los Caballeros Templarios, siguen en libertad.

 

Tamaulipas, en tanto, se situó en 2014 como el estado con más reportes sobre personas desaparecidas, lo que las autoridades federales atribuyen a las actividades del cártel del Golfo y Los Zetas. Ante esta situación, el gobierno de Peña Nieto anunció un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en la entidad del noreste mexicano. Sin embargo, a diferencia de lo que hizo en Michoacán, no nombró a ningún comisionado responsable de las operaciones.

 

Asimismo, en marzo se activó un operativo de emergencia en el Estado de México, luego de que el gobernador Eruviel Ávila manifestara su preocupación por un aumento de los asesinatos en municipios colindantes con la capital del país, como Cuatitlán Izcalli y Ecatepec. “(La seguridad) es el tema que más le preocupa y ocupa a la población”, dijo Ávila el 24 de septiembre a CNN en Español.

 

6. La caída de ‘el Chapo’

 

La administración de Peña Nieto consiguió el 22 de febrero la reaprehensión de Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, en un operativo que Estados Unidos aplaudió y describió como “un logro sin precedentes”.

 

El líder del cártel de Sinaloa se había fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2001 y desde entonces era buscado por México y Estados Unidos. Tras su recaptura, Guzmán encara un nuevo proceso penal y otra vez fue recluido en un penal.

 

7. La ‘descarrilada’ Línea 12

 

Fallas en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México obligaron a su cierre parcial desde marzo y desataron un conflicto político entre el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y su predecesor, Marcelo Ebrard, quien inauguró la obra poco antes de dejar el cargo.

 

Ante los cuestionamientos a la construcción, Ebrard retó a Mancera a un diálogo público, al que Mancera se opuso argumentando que su administración está ocupada en rehabilitar la llamada Línea Dorada, en la que se invirtieron unos 26,000 millones de pesos para atender diariamente a decenas de miles de usuarios.

 

8. Operativo trágico en Puebla

 

El desalojo de un bloqueo de pobladores en la comunidad de Chalchihuapan, Puebla, efectuado por policías estatales el 9 de julio, dejó un niño de 13 años de edad muerto, al menos nueve personas mutiladas y más de 40 policías heridos.

 

La familia del menor fallecido insistió entonces en que había sido víctima de una bala de goma, pero la administración del gobernador Rafael Moreno Valle respondió que no emplea ese tipo de armamento.

 

La CNDH emitió una recomendación por este caso y concluyó que el niño falleció por el impacto de un cilindro de gas lacrimógeno. Además, 12 personas han sido detenidas: seis policías acusados por la muerte del menor, tres alcaldes auxiliares y tres pobladores de Chalchihuapan, por delitos como tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad.

 

9. La crisis del PRD

 

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfrentó una crisis política a raíz del caso Iguala, debido a que en 2012 postuló a José Luis Abarca como alcalde de esa localidad.

 

Mientras la actual dirigencia nacional, a cargo de Carlos Navarrete, se disculpó por haber presentado a Abarca como candidato, representantes de distintas corrientes internas han cruzado acusaciones y críticas por la situación del perredismo.

 

El último episodio de esta crisis fue la renuncia del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas al partido que contribuyó a fundar en 1989, tras considerar que el PRD ha perdido rumbo.

 

10. Nuevos partidos

 

En julio, tres nuevos partidos obtuvieron su registro y, con ello, la oportunidad de participar en las elecciones legislativas de junio próximo. Se trata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el excandidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador, el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista.

 

En 2015, para poder seguir con vida, las tres fuerzas políticas buscarán obtener al menos 3% de la votación de los comicios federales.

 

11. El nacimiento del INE

 

En abril, producto de la reforma político-electoral promulgada en febrero, el Instituto Federal Electoral (IFE) dejó de existir para dar paso a un nuevo árbitro en la materia: el Instituto Nacional Electoral (INE).

 

La creación de este organismo fue pactada por los partidos, que decidieron darle más facultades, como la de nombrar a los consejeros de los institutos electorales locales y organizar contiendas en las entidades. Estos poderes se pondrán a prueba por primera vez en los comicios de 2015.

 

12. El paro en el IPN

 

Cambios al reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a sus planes y programas de estudio causaron molestia entre los alumnos, quienes pararon actividades y llevaron su descontento a las calles a finales de septiembre.

 

Tras las protestas, Yoloxóchitl Bustamente renunció como directora general y los estudiantes iniciaron un largo proceso de diálogo con el gobierno federal. Luego de tensiones y sesiones maratónicas, las negociaciones terminaron a principios de diciembre, cuando ambas partes acordaron cambios clave en el IPN, como la futura realización de un Congreso Nacional Politécnico (CNP) en el cual se elabore la nueva normatividad interna.

 

Alumnos y el nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht, también pactaron un calendario de regreso a clases, que en su primera etapa arrancó el 15 de diciembre y seguirá en una segunda el 7 de enero.

 

13. El derrame tóxico en Sonora

 

El 6 de agosto, un accidente en la mina de Buenavista del Cobre —que forma parte de Grupo México, una de las empresas más grandes del sector en el país— en Cananea, Sonora, provocó el derrame de 40,000 metros cúbicos de residuos tóxicos que contaminaron el arroyo Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora.

 

El incidente, calificado por el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país”, provocó intoxicaciones a pobladores, la restricción en el acceso al agua de la zona y afectaciones a los agricultores locales.

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal y una demanda por responsabilidad ambiental, e impulsó multas de hasta 40 millones de pesos y medidas de resarcimiento, apoyo a la población afectada y reparación al medio ambiente. Grupo México creó un fideicomiso por 2,000 millones de pesos, equivalentes al 13.05% de sus ganancias en el primer semestre de 2014.

 

14. Grandes obras

 

El 3 de septiembre, el presidente Peña Nieto presentó un ambicioso proyecto para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que en su etapa final podría atender hasta a 120 millones de pasajeros al año.

 

La inversión inicial anunciada para la nueva terminal aérea será de 169,000 millones de pesos, 58% de recursos públicos y el resto procedente de la emisión de bonos y créditos bancarios. Se espera que la primera etapa esté lista en 2020.

 

Otra obra que causó gran expectación fue el tren de pasajeros que se esperaba conectara al Distrito Federal con Querétaro, cuya construcción fue anunciada por Peña Nieto como una de las primeras medidas de su gestión. El gobierno federal otorgó la concesión el 3 de noviembre al consorcio encabezado por la compañía China Railway. Sin embargo, apenas tres días después, anunció su cancelación.

 

El Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicó que esta decisión se debió a las “dudas e inquietudes” que surgieron en torno al proceso. Sin embargo, políticos de oposición cuestionan cuál es la relación entre esta repentina decisión presidencial y el escándalo por la Casa Blanca de la primera dama, dado que uno de los participantes en el consorcio de Chila Railway es Juan Armando Hinojosa.

Derechos Humanos requiere al Ejército un informe sobre Iguala

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De acuerdo con el ómbudsman nacional, Luis Raúl González, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un informe sobre los actos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa y murieron seis personas.
En una visita a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, Luis Raúl González se entrevistó con los padres de los jóvenes desaparecidos y, tras el encuentro, aseguró que la violencia ocurrida en aquel municipio es una “barbarie” que el Gobierno debe investigar para castigar a los responsables. Lo anterior, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Tras el encuentro, el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, dijo que en la reunión, el ómbudsman se comprometió a indagar si la Secretaría de la Defensa incurrió en una omisión al no haber evitado la violencia.

“Le vamos a dar un voto de confianza a la CNDH porque este nuevo presidente (Luis Raúl González), al asumir el cargo criticó al Gobierno de no haber actuado con celeridad en el caso de Iguala, lo que no hizo su antecesor”, dijo el padre.

México es el paraíso de privilegios e impunidad de políticos

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Termina un año teñido de violencia y corrupción simbolizado por Ayotzinapa y las mansiones del peñanietismo. Una etapa en la cual los medios independientes y las redes sociales se convierten en retoños de esperanza.

Al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hay que reconocerle que salió a dar su versión de los hechos, después de que el Wall Street Journal publicó el reportaje de Juan Montes sobre el bien inmueble que recibiera de Juan Armando Hinojosa; Videgaray envió una carta al diario y concedió entrevistas a Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui. Las tesis y el guión fueron los mismos: “no existió conflicto de interés”, actué con “honestidad y pleno apego a la ley” y no me corresponde a mí juzgar la relación de Hinojosa con el Presidente, su esposa u otros políticos.

La solidez del discurso flaquea cuando se piensa que no hay institución oficial confiable capaz de establecer si Videgaray incurrió en conflicto de interés o si entraba en la categoría de funcionario en octubre de 2012, fecha en que adquirió el inmueble mientras manejaba los 152 millones de presupuesto público asignados al equipo de transición.

Puede decir lo que quiera porque los otros partidos tampoco son un contrapeso real. Es cierto que han criticado la sospechosa generosidad del Grupo Higa pero no modifican conductas similares. Las trácalas con bienes raíces son parte integral de las “buscas” de los políticos. Al Niño Verde (Jorge Emilio González) lo filmaron pidiendo dos millones de dólares para cambiar el uso del suelo y permitir una construcción en un terreno de Cancún; al delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, lo grabaron extorsionando a un constructor de un edificio ilegal sin que sus padrinos, los Chuchos perredistas, lo reprendieran; y el PAN no hizo nada cuando se conoció la pericia de los suyos en el arte del “moche”.

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Lo generalizado de la práctica permite entender por qué los políticos y funcionarios siguen embarcándose en transacciones lodosas aunque sepan que probablemente se difundirán sus negocios turbios. Prefieren, por supuesto, que se mantengan en la penumbra sus “transacciones” inmobiliarias, pero tienen claro que aun cuando se sepa no pasará nada. El viernes pasado un tribunal exoneró a Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito después de un juicio de 19 años, y este lunes los priistas se encargaron de vetar al Sistema Nacional Anticorrupción porque, entre otras razones, no querían darle a la Auditoría Superior de la Federación la posibilidad de hacer revisiones en “tiempo real”.

Los políticos habitan en el paraíso de los privilegios y la impunidad y han desarrollado un arsenal de excusas y argucias. Cuando les conviene imitan a los trapenses y se acurrucan tras sudarios de silencio, cuando no les queda otra se inventan excusas rebuscadas o inverosímiles, y cuando se sienten acorralados practican alguna variante del cinismo. Sea cual sea el método que seleccionen, todos ellos se unifican en la rotunda negativa a renunciar.

Lo anterior encierra una contradicción fundamental. Peña Nieto y Videgaray presumen de estar impulsando reformas económicas estructurales, pero al mismo tiempo alientan el “capitalismo de compadres”, un término inmortalizado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Según esta tesis, el éxito del emprendedor no depende de su capacidad para innovar o de la calidad de su trabajo, sino de su habilidad para ganarse la buena voluntad de la autoridad que entrega información privilegiada, autoriza concesiones o agiliza trámites. La opaca relación entre el exitoso Grupo Higa y la tribu política peñanietista confirma el peso de este tipo de capitalismo.

Es un sistema altamente disfuncional que está haciendo agua por todos lados. La buena noticia es que termina el año con el florecimiento de la denuncia, la protesta y las propuestas. Los medios independientes y las redes sociales tuvieron un buen año. Se vienen años marcados por el choque frontal entre la sociedad consciente y un sistema caduco en degradación. El dilema que tenemos es elemental: o México acaba con la corrupción y sus representantes o ellos acabarán con nosotros. “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de sus gobernantes”.

LA MISCELÁNEA

El gobierno de Enrique Peña Nieto debe responder al reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher en Proceso de esta semana. ¿Tuvieron las fuerzas federales una parte activa en la desaparición y posible ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa?

Abarca y Ayotzinapa, las pistas perdidas

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La madrugada del martes 4 de noviembre fueron detenidos por laPolicía Federal el ex alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, conocidos como “la pareja imperial” por sus excesos y su extraña fortuna en Guerrero. Se refugiaron en una casa perdida entre los callejones de la delegación Iztapalapa, la más poblada del Distrito Federal, la más insegura y la que, al parecer tiene una mayor vigilancia de fuerzas capitalinas y federales.

La detención generó todas las reacciones esperadas en la clase política: “es una gran noticia”, “ayudará a dar con el paradero de los 43 normalistas”, “el gobierno federal está cumpliendo con sus promesas”, “se combate al narcopoder”, entre otras frases hechas para vender como un triunfo lo que, a todas luces, fue una vergüenza para el gobierno federal, para el PRD, para sus protectores y cómplices.

A casi dos meses de su detención, Abarca y su esposa poco o nada han aportado a la solución del caso de los 43 normalistas. Hay más pistas perdidas que certezas en este caso y hay sospechas de un mayor número de involucrados de alto nivel que se desconocen.

Hace unos días, un cuidador de La Joya le declaró a los padres de familia y de la UPOEG que encontraron más fosas en los alrededores de Iguala, que el ex alcalde perredista conocía y visitaba los sitios donde tenían gente secuestrada y luego las fosas. El debe saber, al menos, de otros sitios con cementerios clandestinos.

Los sanguinarios y excéntricos Abarca y Pineda no estuvieron solos en su huida ni en su refugio. Nada se sabe de sus presuntos protectores ¿Cómo llegaron hasta la delegación Iztapalapa después de la fuga de Iguala, Guerrero? ¿Se camuflaron para atravesar el estado de Morelos y hospedarse en el Distrito Federal? ¿Nadie supo, nadie vio en Morelos –entidad donde opera un mando único policiaco- a la “pareja más buscada” por todas las fuerzas ministeriales, militares y policiacas? ¿Por qué hace 10 días corrió el rumor de que fue detenido en Veracruz?

¿Estuvo realmente en esa entidad?

Al parecer, Abarca y Pineda también viajaron con un maletín lleno de dinero. Suficiente para corromper y pagar favores a quienes desde alguna instancia gubernamental los ayudaron a llegar hasta el Distrito Federal. Nadie ha vuelto a mencionar este asunto.

Abarca y su esposa rentaban una casa en la delegación más poblada del Distrito Federal, gobernada también por el PRD, específicamente por el Jesús Valencia, quien estuvo cercano al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y en meses recientes se sumó a la causa de Miguel Angel Mancera. En esta misma delegación también están desplegados los operativos federales de seguridad.

Hasta ahora, lo que sabemos son piezas sueltas sobre el poder sanguinario de Abarca y sus padrinos políticos.

Antes de pedir licencia y de huir de Iguala se reunió en la Ciudad de México con Jesús Zambrano, ex dirigente nacional del PRD, perteneciente a la corriente Nueva Izquierda. Zambrano ha admitido este encuentro y señala que no fue para protegerlo sino para obligarlo a entregarse a las autoridades.

Difícil entender que tres días después de la tragedia que ya era una noticia nacional, Zambrano se reuniera tan tranquilo con el mismo alcalde que había sido acusado por René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) de los asesinatos de otros militantes perredistas como Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas y otros.

Por supuesto, Abarca no le hizo caso al consejo de Zambrano. Mientras el nuevo dirigente del PRD nacional, Carlos Navarrete, también de la corriente de los Chuchos, pedía “perdón” al pueblo de Guerrero por escoger narcoalcaldes, Abarca huyó con su esposa, emparentada con los Beltrán Leyva, presuntos jefes del cártel de los Guerreros Unidos que opera en Iguala y otros municipios colindantes de Morelos y el Estado de México. Este cártel estaría enfrentado con Los Rojos.

Los Guerreros Unidos y Los Rojos también operan en el estado de Morelos, gobernado por Graco Ramírez, otro político perredista perteneciente a la corriente de Los Chuchos. Un día antes de que se conociera la detención de Abarca, órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos filtraron a la prensa local que 7 diputados locales están relacionados con el crimen organizado o con actos de corrupción.

Hasta ahora, no sabemos dónde está el jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, cómplice de Abarca en los hechos que desembocaron en la muerte de 6 jóvenes y el secuestro de los 43 normalistas. El es, hasta ahora, la principal pista perdida.

México atrasado en el combate a tortura, asesinato y crisis

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EL CENTRO

En el corazón de la actual crisis política está el horror de Iguala y Tlatlaya. Y en el corazón de ese horror está la violación sistemática de los derechos humanos. El mal es de muchos y el consuelo de nadie.

ALLÁ

Según un reporte del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre un programa de captura e interrogación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hecho público la semana pasada, entre 2001 y 2008 esa agencia interrogó y torturó de manera sistemática a un grupo de sospechosos de colaborar con Al Qaeda en el atentado en Nueva York del 11/9/2001 (The New York Times, 9 de diciembre).

Los interrogatorios bajo tortura, prohibidos por acuerdos internacionales, incluyeron: semiahogamiento (waterboarding), privación del sueño por 180 horas seguidas, “alimentación rectal” (¿violación?), golpizas, hipotermia inducida, amenazas de muerte y otras técnicas. El documento concluye que la información obtenida antes de la tortura no fue muy diferente de la posterior y que 26 de los torturados lo fueron por error. Para colmo, la CIA contrató para el trabajo a “expertos” y les pagó 81 millones de dólares. El outsoursing llevado al extremo.
Leer el informe de Comverdad es confrontar el horror: prisioneros que el Ejército ligaba con Lucio Cabañas y a los que, tras interrogarlos, “se les da a tomar gasolina y se les prende fuego” y sus restos se abandonan.
Foto: David Martínez / Terra México
Que el Congreso norteamericano haya hecho público el resumen del informe indica que, pese a todo, la estructura de poder de ese país aún tiene capacidad de autocrítica. Ahora, la CIA y similares lo pensarán dos veces antes de volver a reincidir, y no por razones éticas, sino para no perder puntos políticos… y presupuesto.

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Coincidiendo con el informe anterior, el gobierno de Brasil hizo público uno similar sobre la tortura y asesinato de opositores cometidos por los gobiernos de su dictadura militar entre 1964 y 1985. La presidenta Dilma Rousseff, ella misma víctima de tormentos cuando tenía 22 años, no pudo evitar las lágrimas al anunciar el informe. Por ahora, los responsables de esos crímenes de Estado en ambos países no se las verán con la ley, y eso debería cambiar.

ACÁ

En México no hay aún un informe equivalente a los comentados, aunque sí hay fuentes al respecto, que van desde la literatura (Carlos Montemayor, Guerra en el paraíso, 1997), estudios, reportajes sobre casos actuales (Revista R, 23 de noviembre o El Universal, 13 de diciembre de 2014) e informes parciales, siendo el más reciente el de la “Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Informe Final” (2014). La diferencia con Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Perú o Colombia es que aquí no ha habido una investigación oficial y definitiva sobre el tema. Es más, en México ese ciclo infame no se ha cerrado: de la masacre de 1968 siguió la de los “halcones” de 1971, “la guerra sucia” de los 1970 e inicios de los 1980 y la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 y que, por lo acontecido en Tlatlaya e Iguala, continúa hasta hoy y con los mismos métodos.

LOS HECHOS

El informe final de la “Comverdad” de Guerrero permite entender mejor el origen histórico del detonador de nuestra actual crisis política: las acciones de las policías en Iguala contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la ejecución de los prisioneros en Tlatlaya.

La parte medular del informe de Comverdad aborda, mediante 409 testimonios relacionados con 399 casos, las circunstancias en que la policía y, sobre todo, el Ejército capturaron, interrogaron, torturaron y desaparecieron a sus prisioneros durante la llamada “guerra sucia” de Guerrero hace cuarenta años. Esa “guerra” tuvo su origen en demandas y protestas no atendidas en las zonas rurales del estado y que databan de, por lo menos, finales de los 1950. Como señalara el general Sánchez López en un informe de 1974 a la superioridad: ante la falla de las instituciones civiles “el ejército ha tenido que absorber los problemas para poder garantizar en la medida de sus posibilidades la tranquilidad del sector rural”. Se trató de una “tranquilidad militar” que si bien a sangre y fuego acabó con las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también acabó con la idea del “Estado de derecho”, tuvo un costo humano enorme y no solucionó el fondo del problema pues, como ya es obvio, hasta hoy persiste, allá y en otras partes, un claro déficit de “tranquilidad” y cuyas consecuencias tienen hoy contra la pared a todo el sistema político.