¿Por qué @EPN odia a los jóvenes?

Enrique Peña Nieto está en vísperas de cumplir los dos meses de la crisis de Ayotzinapa y sus dos primeros años de gobierno, pero en lugar de festejar el Mexican Moment, ahora está empeñado en enfrentar el “momento violento”, inventándose una conjura contra su proyecto, su persona y su gobierno.

En menos de dos meses, Peña Nieto ensayó tres respuestas frente a la crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis, la trágica noche del 26 de septiembre:

Primero minimizó el problema. Era un asunto de Guerrero y de presuntos jóvenes “revoltosos”. Tardó diez días en asumir una primera posición pública frente a lo que ya se consideraba una de las peores tragedias ocurridas en México. Reaccionó hasta el hallazgo de 28 cuerpos en narcofosas y la airada cobertura de los medios internacionales. Su primer diagnóstico lo impidió visitar, hasta ahora, Iguala.

Después, quiso ser empático con los padres de familia y con las manifestaciones que comenzaron a proliferar por todo el país y por el mundo. La #AcciónGlobalPorAyotzinapa se convirtió en el emblema de una pesadilla para el gobierno peñista. Su desencuentro en Los Pinos con los familiares de las víctimas demostró la impostura de sus gestos. Ni la renuncia de Ángel Aguirre, ni la detención del narcoalcade José Luis Abarca, ni la evidente complicidad de la dirigencia del PRD en el caso evitaron que en las calles y en las redes sociales proliferaran las consignas: “Fue el Estado” y “Fuera Peña”.

Tras su regreso de su gira por China y Australia, Peña Nieto dio un “golpe de mando” en su línea discursiva. El fracaso de la conferencia de Jesús Murillo Karam (reflejado en 13 días continuos de la frase #YaMeCansé como Trending Topic), el escándalo de la propiedad no declarada de la Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec con un valor de 7 millones de dólares, y las presiones discursivas del secretario de la Defensa que se quejó por las “insidias” y “rumores” contra el ejército, provocaron la peor respuesta frente a la crisis: intimidar con el uso de la “fuerza legítima” y aplicarla en la manifestación del 20 de noviembre.

El discurso contra “los violentos” no se orientó contra los narcoalcaldes, los agentes policiacos y ministeriales, gobernadores y funcionarios involucrados con el crimen organizado y corresponsables de la proliferación de las narcofosas, sino contra un puñado de 26 jóvenes arrestados tras una manifestación masiva, indignada y pacífica del 20 de noviembre. De los 26, la Procuraduría General de la República (PGR) formuló cargos contra 11, incluyendo a un joven chileno estudiante del posgrado en Letras.

El nuevo expediente de violencia física contra los 11 consignados ha encendido de nuevo la indignación social. Se les acusa de delitos tales como “motín” y “tentativa de homicidio”, y fueron trasladados a penales de alta seguridad de Veracruz y Nayarit. Se les mantuvo incomunicados, se les negó el derecho a elegir a sus abogados, se les maltrató verbal y físicamente.

Las evidencias contra estos 11 jóvenes son endebles porque no se trató de detener a los auténticos provocadores –muchos sospechosamente protegidos por los propios granaderos y cuerpos de seguridad–, sino de una puesta en escena represiva para responder a la nueva línea discursiva del presidente: “No a los violentos”.

Ojalá y se tratara, efectivamente, de frenar a los violentos. Si así fuera, muchos gobernantes, jefes de policía, generales, tenientes y soldados involucrados con la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales que han proliferado en todo el país desde 2007 a la fecha, estarían detenidos, juzgados y sancionados y no serían premiados.

Los “violentos”, desde que Peña Nieto asumió el poder el 1 de diciembre, siempre han respondido a un perfil: jóvenes, estudiantes, manifestantes, críticos, pensantes, menores de 30 años.

¿Por qué Peña Nieto odia a los jóvenes? Aquí algunas respuestas que no ha sido capaz de debatir el gobierno federal y el PRI:

Porque esos jóvenes críticos desde la campaña de 2012 le reprocharon su talante violento frente al conflicto de Atenco.

Porque esos jóvenes no creen en la construcción del tele presidente que costó cientos de millones de pesos del erario ni respetan el reality show armado desde la impostura.

Porque esos jóvenes reclaman un cambio en la política y no un retorno al espíritu de Gustavo Díaz Ordaz o, peor aún, al de una “dictadura benigna” al estilo de Porfirio Díaz, tan admirado por Peña Nieto desde su tesis de licenciatura de la Universidad Panamericana.

Porque esos jóvenes están hartos de la corrupción, de la persecución en su contra, del fuego cruzado que ejercen los sicarios del narco y los cuerpos policiacos contra ellos.

Porque muchos de esos jóvenes son como los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y porque muchos más son como los 11 detenidos el 20 de noviembre.

Porque Peña Nieto y su equipo de “jóvenes mirreyes” no entienden que existan otros jóvenes que se atrevan a utilizar las redes sociales, el internet, y a no creer en su “narrativa” de éxito. Son jóvenes, como los del 68, el 85, el 88 y el 2000, que quisieron abrir las compuertas del sistema y se encuentran con un nuevo Estado autoritario y paramilitar.

Si el odio de Peña Nieto no se modifica, sus dos primeros años de gobierno serán el ejercicio de una nueva rebelión generacional que, al mismo tiempo, es una conmoción moral.

 

Vía AnonPub

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‘La Gaviota’ posee departamento de lujo en Miami con valor de USD 1.3 millones

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Supera el costo de la “Casa Blanca” en México. La actriz pagó por adelantado cuando era esposa del gobernador Peña Nieto y se dedicaba al hogar

En 2010 tuvo ingresos similares a los de Meryl Streep, la actriz con más nominaciones al Oscar en la historia.

Una investigación periodística realizada por la cadena norteamericana Univisión revela que Angélica Rivera tuvo la solvencia para pagar por adelantado una hipoteca por 1.3 millones de dólares por un departamento en una zona exclusiva de Miami-Dade, esto en el año de 2011.

El periodista Gerardo Reyes obtuvo la ficha de propiedad del Condado que corroboran la información.
“Aunque tenía plazo hasta el año 2035, Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Pena Nieto, pagó en su totalidad un préstamo hipotecario de más de $1.3 millones de dólares con el que adquirió un apartamento en un exclusivo edificio de Key Biscayne, según registros públicos del condado de Miami-Dade. ” Se informó en el portal de noticias Univisión.

El noticiero reveló que en opinión de agentes de bienes raíces consultados “el pago total y anticipado de hipotecas es una práctica poco común en el sur de la Florida”.

Con relación a los ingresos de Angélica Rivera, se señala en el reportaje que: “en 2010, un año antes de cancelar completamente el crédito hipotecario del apartamento de Key Biscayne, la actriz había declarado en México ingresos anuales de $10 millones de dólares. Su última telenovela, “Destilando Amor”, había terminado en 2007. Desde ese momento, como admitió ella misma en una entrevista para la revista mexicana Caras, su ocupación fue realizar anuncios comerciales para la gobernación de Peña Nieto.”

“Estaba dedicada a mi casa”, dijo la millonaria actriz.

“Los ingresos reportados por Rivera son similares a los de Meryl Streep, la actriz con más nominaciones al Oscar en la historia.” se indica en la nota.

En los pormenores, el portal de Univisión señala lo siguiente:

“De acuerdo con registros públicos del condado de Miami-Dade, el apartamento 304 del condominio Ocean Tower One (799 Crandon Blvd, Key Biscayne) fue adquirido en mayo de 2005 por $1.77 millones de dólares a Elyssies Vanconcello Diniz y su esposa. La propiedad de tres habitaciones y cuatro baños y medio fue registrada a nombre de la empresa Unit 304 Oto Inc. de la cual Rivera es directora.

“En la fecha de la compra Rivera estaba casada con José Alberto Sáinz Castro, un productor mexicano hermano de la actriz Verónica Castro. Para cubrir el pago, la propietaria asumió un crédito hipotecario que pagaría en cuotas hasta el primero de julio de 2035.”

“Seis años después de comprar el apartamento, exactamente el 12 de enero de 2011, ya separada de Castro y casada con Peña Nieto, Rivera decidió pagar la deuda pendiente al Espirito Santo Bank por un total de $1.325,500 dólares. “

“A fines del año pasado, Rivera pidió autorización a la administración del edificio de Key Biscayne para instalar nuevos pisos, una obra que contrató con una firma de Miami especializada en trabajos en mármol. “

 

Vía AnonPub

Autoridades de Guerrero hallan 11 cuerpos en Chilapa

Autoridades de Guerrero localizaron 11 cuerpos parcialmente quemados y la mayoría decapitados este jueves 27 de noviembre sobre una brecha de terracería que comunica la cabecera municipal de Chilapa con la población de Ayahualulco, en Guerrero.

Todos los cuerpos son de hombres y se encontraban tirados al borde de una carretera, indicó un funcionario que pidió mantener el anonimato, informó la agencia de noticias Associated Press .

El hallazgo se da horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto anuncie un plan nacional para enfrentar la inseguridad y violencia a raíz de la desaparición de 43 estudiantes, también en Guerrero; un caso que mostró las debilidades de las autoridades y sus nexos con el narcotráfico.

Chilapa se localiza a unos 330 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México y está a casi 40 kilómetros de distancia de Tixtla, la municipalidad donde se ubica la Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los 43 jóvenes desaparecidos.

Hasta ahora no parece haber vínculos entre el caso de los estudiantes y los cuerpos localizados.

Guerrero es un estado donde las autoridades han informado la presencia de varios grupos del narcotráfico, entre ellos Guerreros Unidos, surgido a raíz de divisiones internas del cartel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva.

El grupo Guerreros Unidos ha sido señalado de participar en la desaparición de los estudiantes.

 

Vía AnimalPolitico

Gobierno peñista supo desde abril de los nexos criminales de Abarca y no hizo nada

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Cinco meses antes del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la PGR recibió información de la Fiscalía de Guerrero sobre las ligas del entonces alcalde José Luis Abarca y miembros de su familia con la delincuencia organizada.

Lo anterior fue difundido, con apoyo en documentación varia, durante el programa Punto de Partida que conduce Denise Merker y que se transmite en Televisa todos los martes después del noticiero de Joaquín López Dóriga.

Mediante un video titulado La Omisión cuya duración es de alrededor de seis minutos, Merker documenta que el 28 de abril pasado, se hizo de conocimiento de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que Patricia Soto, sobrina de Abarca, así como el secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Velázquez, tenían nexos con grupos delincuenciales.

En la misma cápsula informativa, Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada de Investigaciones de Delitos de Secuestro de la PGR, reconoció que recibió dicha información y aún más, aseguró que “inmediatamente radicamos una averiguación previa”.

Unos días después, el 2 de mayo, la misma PGR tuvo en su poder la declaración ampliada de Ernesto Pineda, quien narra como la policía de Iguala levanta a personas y las entrega a Guerreros Unidos, grupo delincuencial que luego se encarga de negociar el rescate.

El mismo Gualberto Ramírez acepta que “tan se trabajó la averiguación previa” que se perfeccionaron algunos de los nombres aportados por Pineda y, no sólo eso, se hizo trabajo de campo.

También en la declaración de Ernesto Pineda se informa que Gildardo López Astudillo, alias el Gil, quien cinco meses después se volvería una de las personas más buscadas por la PGR, vivía en la colonia Pueblo Viejo.

El reportaje del equipo de Punto de Partida incluye un diálogo en las redes sociales del 12 de junio, tres meses y medio antes de la tragedia de Ayotzinapa, en el que el entonces vicefiscal de Investigaciones de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez le pregunta a Gualberto Ramírez si ya se había consignado el caso de Iguala, a lo que el funcionario de la PGRresponde: “esta quincena queda”, lo que obviamente no ocurrió.

Más aún: el 19 de junio, la Fiscalía de Guerrero envió más acusaciones en contra de Abarca a la PGR: en la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa, se narra como José Luis Abarca asesina al activista Arturo Hernández Cardona.

Finalmente, en la pieza periodística de Merker se documenta que el 24 de septiembre, dos días antes de los sucesos de Iguala, el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco le pregunta a Gualberto Ramírez si “le faltaba mucho” a lo que el funcionario de la PGR responde: “no ya tiene que salir este mes”.

El reportaje de Punto de Partida recupera una declaración de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, del 7 de noviembre, día en que rinde su informe sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.

Un reportero le preguntó por qué si la PGR tenía información desde el 12 de junio de lo que pasaba en Iguala se incorporó tan tarde a las investigaciones, a lo que el funcionario contesta: …”nadamás que no era de nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa”.

La cápsula de Merker concluye con una declaración de Enrique Peña Nieto del 29 de octubre sobre el caso Ayotzinapa:

“…Tope donde tope llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala”

 

Vía AnonPub

La @PGR_mx fabricó culpables el #20NovMx con métodos ilegales y tramposos

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La Procuraduría General de la República (PGR) no presentó ante el juzgado federal correspondiente, ningún video o fotografía en el que se vea a las once personas detenidas el pasado 20 de noviembre, agrediendo a elementos del estado mayor presidencial o de la policía federal, denunció el abogado defensor Alejandro Jiménez.

El también representante legal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) denunció que a sus clientes no se les permitió llamar a una persona de su confianza al momento en que fueron puestos a disposición de la PGR, ya que el Ministerio Público Federal encargado del caso, Sinué Domínguez Campos, sólo dejó que los once detenidos hablaran con sus familias hasta después de que se les tomó una primera declaración ministerial.

Explicó que esta violación al debido proceso se suma a la imposición de abogados de oficio a los once detenidos, a quiénes se negó la posibilidad de hablar y designar a un abogado de confianza, negativa que es contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que representa una grave violación a los derechos humanosconsagrados en la Constitución Mexicana.

“No hay nada de fotos ni videos, de hecho al inicio las habían presentado y al final ya cuando los consignan, las eliminan, ya no mandan nada porque obviamente no les iban a servir porque ellos no aparecen, nada más las ofrecen, pero al final en la consignación del expediente no las adjuntan”, reveló.

Agregó que la consignación de los once detenidos, ocho hombres y una mujer, se hizo mediante un álbum fotográfico preparado por el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), luego de que los estudiantes, amas de casa y profesionistas fueran capturados en el Zócalo capitalino y calles aledañas.

Es decir, ya detenidos fueron fotografiados por la PGR y posteriormente los policías afectados por golpes, supuestamente los reconocieron en dichas imágenes.

Dicho procedimiento fue el mismo que se utilizó para detener a los responsables de la matanza de Acteal, Chiapas. No obstante, ya fue declarado como una forma de obtener pruebas ilícitas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el propio caso Acteal.

A pesar de lo anterior, la PGR volvió a utilizar para consignar a los detenidos tras las protestas registradas el pasado 20 de noviembre, desestimando el precedente jurídico que culminó en la liberación de casi todos los acusados de asesinar a 49 personas el 22 de diciembre de 1997.

“Los detienen, les sacan fotos y ya después de detenidos, se las muestran a los policías para que los identifiquen, eso es una violación a los derechos humanos, es una de las prácticas que mayor vulneración generan, son esas fotos de después de la detención con las que consignan, se las enseñan a los policías y les piden que señalen a quién conocen”, denunció.

Dijo que a esta violación del debido proceso, se suma que los once encarcelados no pudieron comunicarse con sus familias o con sus abogados hasta después de que se les obligó a rendir su primera declaración ministerial, imponiéndoles un abogado de oficio, por lo que incluso el juez de la causa, debió declarar ilegal la detención de los afectados por la actuación de la policía federal y de la PGR.

“De entrada, el juez calificó de legal la detención, pero al ver como estaba integrado todo, se podía desprender que la llamada se les permitió realizar a las personas detenidas fue hasta después de que se les había pedido su declaración ministerial, por lo que había elementos suficientes como para no calificar de legal dichas detenciones”, sostuvo.

En este marco, dio a conocer que se ha integrado un equipo de abogados defensores para los once detenidos, destacando que los ocho hombres y las tres mujeres que están internados en penales federales por participar en las protestas del pasado 20 de noviembre, ni siquiera se conocen entre sí, con excepción de una pareja de novios.

Según los testimonios recabados por los abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), ninguno de los once acusados por la PGR llevaba capucha o el rostro cubierto al momento de su detención y la mayoría de ellos cuentan con respaldo de sus instituciones educativas, por lo que tampoco se les puede considerar “terroristas” como pretendía el Ministerio Público Federal antes de reclasificar los delitos en su contra.

Alejandro Jiménez añadió que al no existir lazos entre los detenidos, tampoco se configura el delito de asociación delictuosa, por lo que al momento de rendir su declaración preparatoria ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, todos se declararon inocentes de todos los cargos y pidieron ampliar el periodo para lapresentación de pruebas a su favor.

“Pudiendo hablar con ellos nos enteramos de que todos son de contingentes diferentes, de edades diferentes y es increíble que la PGR los quiera vincular a una asociación que tenía por objeto generar violencia durante la manifestación, quieren con una falsa flagrancia justificar todo eso”, sentenció.

Por último, consideró que este caso representa una prueba de fuego para el Poder Judicial de la Federación (PJF) de cara a la entrada del nuevo sistema de justicia penal que arrancó este lunes en los estados de Puebla y Durango, ya que este sistema hubiera empezado por decretar la ilegalidad de las capturas de las once personas que hoy se encuentran encarceladas.

 

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. @EPN creará una Comisión contra la Violencia

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Tras la crisis por el caso de los 43 normalistas desaparecidos y la casa en Lomas de Chapultepec, para este jueves 27 de noviembre está programado un mensaje del presidenteEnrique Peña Nieto sobre el Estado de Derecho en México. De acuerdo con fuentes cercanas, el mandatario anunciará una Comisión contra la Violencia. 

La comisión será presidida por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI),Manlio Fabio Beltrones, de acuerdo con lo que informaron fuentes al espacio de noticias Ciro Gómez Leyva por la mañana, de Grupo Fórmula.

En ese mismo espacio informativo, el lunes 24 de noviembre, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que “Se tienen que hacer acciones, se tiene que modificar lo que no está caminando bien, y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario respecto a donde hay debilidad del Estado mexicano, donde hay debilidad particularmente en los municipios (…) Habrá de tomar decisiones el Presidente respecto a lo que no ha funcionado, a lo que se tiene que renovar, cambiar, será un anuncio importante y será esta misma semana“.

Este anuncio ocurre a un mes de la desaparición de 43 normalista de Ayotzinapa, en Iguala, donde policías municipales los atacaron por órdenes del exalcalde José Luis Abarca. De acuerdo con la versión oficial, hay “indicios” de que los estudiantes fueron asesinado y posteriormente incinerados, una hipótesis cuestionada por los familiares de los estudiantes.

 

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Tráiler embiste a normalistas en #Iguala; hiere a siete y ‘se da a la fuga’

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Siete estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala resultaron heridos luego de que un tráiler embistió la camioneta Urvan en la que viajaban a la altura del entronque de la carretera de Chichihualco con la autopista Cuernavaca-Acapulco, al norte de esta capital.

El percance ocurrió aproximadamente a las 14:40 horas, cuando los normalistas del CREN, que regresaban a Iguala, fueron impactados por alcance por un tráiler.

De los siete estudiantes heridos, cuatro resultaron con lesiones de gravedad por lo que fueron trasladados al Hospital General ubicado a la entrada de esta ciudad, aproximadamente a 500 metros de donde ocurrió el percance, donde quedaron hospitalizados; los tres restantes fueron dados de alta.

De acuerdo con los primeros datos, los estudiantes del CREN regresaban a Iguala tras una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), ante quienes han exigido que al egresar como maestros se les garantice la entrega de una plaza.

Hasta el momento se desconocen los nombres de los siete normalistas heridos por el fuerte impacto del tráiler, cuyo chofer, se informó, se dio a la fuga.

 

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